Financiamiento educativo: debatamos lo incómodo

Facultad de Ciencias Económicas. Foto: Luciano Thieberger

La falta de interés de las dirigencias por la educación se mide calculando la diferencia entre la inversión prometida y la cumplida. La ley de Educación Nacional de 2006 prometió una inversión educativa de la Nación más las provincias del 6% del Producto Bruto Interno, lo que sólo ocurrió en 2015: hasta 2020 el resultado negativo acumulado era de 26 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda con el FMI. Aunque no la veamos, la deuda educativa siempre está.

El Gobierno quiere suspender la ley en 2025, lo que es coherente con el presidente Milei, quien, a contramano de sus antecesores, ejerce honestidad brutal: el 6% para educación ya estaba suspendido de hecho por todos los gobiernos. Y promete que la suspensión será solo por un año: una discontinuidad atendible si en 2026 se implementare un plan de inversión que aplique el mítico 6%, asegurando que los fondos lleguen realmente a las escuelas.

Donde también urgen criterios financieros de eficiencia y equidad es en los fondos para las universidades: un estudio del economista Alejandro Morduchowicz muestra que desde 1980, los recursos universitarios aumentaron el doble que los destinados por la Nación y las provincias a todo el resto del sistema educativo.

Las universidades también capturan la porción mayor de la inversión nacional a costa de la educación obligatoria: 2020 fue el peor año, cuando se quedaron con el 75% de la torta, y podría haber sido peor si se aprobaba una ley del gobierno anterior que duplicaba los fondos universitarios y aumentaba solo 12% los de las escuelas a las que asisten los sectores sociales que más necesitan la presencia del Estado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si se aplicara la ley vetada por Milei se estarían inyectando alrededor de 800 mil millones de pesos adicionales al sistema universitario, lo que significa un 0,14% del PBI. ¿Es mucho o es poco el nuevo presupuesto? Digamos que dobla la inversión educativa anual de varias provincias, las que destinan esos recursos a la educación básica, donde ¿aprende? ese 63% de chicos argentinos menores de 14 años en la pobreza.

¿Alguien se opone a que la escuela pública es lo urgente y donde deben aplicarse prioritariamente los recursos, por sobre el ámbito, al que concurren (muy mayoritariamente, pero no solo) sectores medios y altos?

Revertir esta tendencia regresiva y dejar de darle más a los que más tienen también beneficiaría a las universidades: solo 13 de cada cien chicos que ingresan a la primaria (solo 2 pobres) terminan la secundaria a tiempo y con los saberes básicos, por lo que es previsible que los futuros universitarios poseerán una decreciente formación de base si todo sigue igual que ayer.

No soy ingenuo y sé que esto supone modificar el acceso libre y gratuito. Las universidades de todo el mundo seleccionan estudiantes por precio, por capacidad o ambas y todas ajustan el número de ingresantes a las vacantes reales.

En Argentina no, otra variante de la excepcionalidad criolla. ¿Entonces, cómo funcionan las universidades a diario? La variable de ajuste es la docencia: más de la mitad tienen contratos de 12 horas y muchos ni cobran.

Gracias a la ancha espalda de los profesores se sostiene el acceso libre y gratuito y está tan naturalizado que una autoridad universitaria afirmó que “el número de alumnos no influye en el presupuesto”. Meter 300 estudiantes o 1000 da igual. Y es lamentablemente cierto.

¡Debatamos lo incómodo! Por ejemplo, ¿Qué argumentos serían contrarios a que los estudiantes cuyas familias pagaron escolaridad privada sigan pagando lo mismo en la universidad, que es el nivel más caro? ¿Cómo lograr que los docentes pasen de un 20% de dedicación full time al 70% como en el resto del mundo, siendo que para lograrlo necesitaríamos duplicar y hasta triplicar recursos si dejáramos intacto el sistema? ¿Cómo garantizar que los que no estudian en la universidad cursen estudios superiores?

Sigo. ¿Es razonable que los extranjeros que reprueban el ingreso en sus países, accedan aquí en forma automática? ¿Por qué no limitar severamente el ingreso a carreras no estratégicas a favor de carreras críticas?

¿Cómo promover la movilidad de los estudiantes para que se inscriban en universidades con menos alumnos? ¿Cómo lograr que la tasa de graduación, supere el 30% y se acerque, al menos, a la de Chile o Brasil, también en universidades privadas? ¿Alguien se opone a distribuir los fondos para la investigación a los mejores grupos sin importar en qué universidad estén?

El reclamo universitario recibe gran apoyo popular, amplificado por políticos y medios. Y no está mal. Pero resulta raro que no haya marchas del 70% de estudiantes excluidos que nunca se graduarán o de familias y estudiantes que terminan el secundario con aprendizajes insuficientes. Habría que copar plazas, medios y redes por una mejor escuela pública y presionar así a la política para que revise sus prioridades.