Educación: ¿cómo será la “presencialidad administrada”?

Ilustración: Daniel Roldán

La pandemia no justifica cualquier cosa. Hace unos días, por un nuevo DNU el Presidente mandó suspender las clases en el principal conglomerado urbano del país. Con obscena improvisación y deliberada falta de diálogo con la Ciudad de Buenos Aires, se puso en vilo a la población que acompañaba la complejidad de una escolaridad cuidada.

Como si fuera poco el sufrimiento de una sociedad infectada y sin vacunas, cada día más empobrecida, la máxima dirigencia sumaba una nueva calamidad, colisionando contra las evidencias que mostraban que las escuelas eran lugares seguros y contra un activismo ciudadano creciente de padres organizados. La Ciudad pudo detener la medida pero la Provincia la siguió.

Ya se agota ese limbo de 15 días que confinó nuevamente a los escolares trayendo a la memoria de todos el trauma de los 15 días que duraron todo el año pasado. Ahora hay que decidir sobre cómo sigue la película. La segunda ola ya está entre nosotros y la situación epidemiológica se complica.

De modo que es necesario tener un plan para actuar, que sea razonable y fundamentado, y que evite los daños que ya han sido documentados por la suspensión prolongada de las clases presenciales. La criatura ya ha sido bautizada antes de nacer, se llama “presencialidad administrada” ¿será posible evitar un nuevo engendro?

A la luz de lo que aprendimos en todo este tiempo, y basándonos en evidencias, surgen al menos cinco puntos fundamentales a considerar en el nuevo escenario:

-Defensa de la educación presencial. La presencialidad es irremplazable y su eventual restricción debe ser la última de otras actividades. Mientras tanto, el tiempo de clases no debería limitarse a un mínimo de horas si la escuela puede garantizar espacios cuidados, es decir deben permitirse las jornadas escolares completas, los comedores y residencia de estudiantes en las escuelas rurales y agrotécnicas. Para la mayoría de los chicos argentinos, que son pobres, mandarlos a clases virtuales es mandarlos a la nada. En el caso de los adolescentes, la no presencialidad escolar podría aumentar la circulación o encuentros en lugares no cuidados. La escuela parece seguir siendo más segura que la calle.

-Testeos para todos. La escuela es un lugar de contención, detección y prevención. Los testeos semanales para la población escolar son una medida que se realiza en todo el mundo. Aquí, la Provincia de Buenos Aires acaba de anunciar que va a distribuir test de antígenos para la Covid-19 para aplicar en forma aleatoria al personal docente y auxiliar, pero sólo en escuelas estatales. Es inadmisible. El virus no discrimina por tipo de gestión (estatal o privada) y el Estado, en su política sanitaria, tampoco debe hacerlo. Las vacunas, los testeos, la salud, son un bien público.

-Restricciones segmentadas y fundamentadas: Ante la eventual necesidad epidemiológica, suficientemente fundamentada, de implementar restricciones a la presencialidad escolar, no deberían desplegarse políticas homogéneas. Todo confinamiento y restricción debería ser selectivo. Cualquier restricción debe estar acotada en el tiempo y en el espacio siguiendo criterios objetivos y comunicados con claridad. ¿Cuál es el modelo epidemiológico que usa el gobierno para decidir cierres y aperturas? ¿Con qué indicadores objetivos se maneja?

-Prioridad a los más chicos y los más vulnerables: Los jardines maternales, el nivel inicial, el primer ciclo de la escuela primaria, los programas y escuelas especiales para chicos con discapacidad deberían continuar con presencialidad.

Estos son los grupos donde la educación virtual presenta importantes limitaciones dada su escasa autonomía para el aprendizaje y que, sin presencialidad, deberían quedar a cargo de adultos mayores u otros cuidadores o asistir a lugares no regulados, aumentando los riesgos.

Adicionalmente, no debe interrumpirse la búsqueda y reinserción de los alumnos que perdieron contacto con la escuela durante el año pasado. También sostener encuentros presenciales para aquellos alumnos que no puedan mantener intercambios virtuales por carecer de condiciones materiales y sociales a falta de una política de inclusión digital y social suficiente.

-Evaluación del nivel secundario en cada contexto, atención a las disciplinas prácticas y graduación. El nivel secundario presenta los niveles más altos de abandono y la falta de clases presenciales lo agrava. Las restricciones para este nivel requerirán una cuidadosa evaluación de la relación costo/beneficio en cada contexto específico.

Desde el año pasado la graduación de muchos jóvenes ha quedado pendiente con la consecuente interrupción de su proyecto de vida laboral o continuación de estudios superiores. Por otra parte, la virtualidad no siempre permite el aprendizaje de disciplinas prácticas, es el caso de los talleres de las escuelas técnicas. Es necesario sostener la presencialidad para estas asignaturas prácticas.

La discusión por la presencialidad cuando la situación se agrave, es sólo un capítulo del inmenso trabajo de definir de qué manera continuar educando en pandemia. Un plan serio implica comprender muchos otros temas: cómo llevar adelante una virtualidad sostenible, cuáles son las adaptaciones al curriculum, qué se hará con las evaluaciones, entre otras cuestiones.

Sabíamos que la segunda ola llegaría, que las vacunas serían insuficientes y que se requeriría un plan acordado. Aún no lo tenemos. Lo esencial es no volver a tropezar con los errores del año pasado.

Claudia Romero es Doctora en Educación. Profesora e investigadora de la Torcuato Di Tella.

Edición impresa: