Foto de archivo: un verdulero cuenta pesos argentinos en su comercio en medio de una desaceleración de la tasa de inflación en Buenos Aires, Argentina. 11 mayo, 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas

¿Puede haber simultáneamente un elevado apoyo al gobierno y alta conflictividad sindical? El escenario económico del 2024 presenta una paradoja que merece un análisis detallado: mientras el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) permaneció estable y relativamente elevado, el Índice de Conflictividad Laboral (ICL) también mostró un aumento sostenido de nivel. La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella publicó ambos índices periódicamente durante 2024, y la lectura rauda de sus resultados los puede hacer ver a simple vista incoherentes entre sí. Esta aparente contradicción refleja las complejidades subyacentes en la implementación de políticas de estabilización inflacionaria (o reducción de la tasa de inflación) y sus efectos diferenciados en distintos sectores de la sociedad.

Subyace este análisis una idea central de economía política que establece la relación inversa en el corto plazo entre inflación y desempleo. La aplicación práctica de este principio en el contexto actual conlleva la necesidad de medidas recesivas, particularmente en el ámbito del balance fiscal, pero también en el monetario, para lograr la tan ansiada reducción de la tasa de inflación. Sin embargo, el verdadero dilema surge cuando observamos las respuestas dispares de diferentes sectores ante estas políticas económicas.

La población general, especialmente aquella menos beneficiada por derechos y protecciones laborales, parece mostrar una notable aceptación de las políticas desinflacionarias, reflejada en el sostenimiento del Índice de Confianza en el Gobierno. Esta aparente contradicción encuentra su explicación en la valoración social de la estabilidad monetaria. La experiencia histórica (pero también muy reciente: el 2023 sin ir más lejos) con períodos de alta inflación ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva, generando una disposición a tolerar sacrificios económicos en favor de la estabilidad de precios. Para estos sectores, la desinflación puede representar una mejora tangible en su vida cotidiana, incluso cuando viene acompañada de medidas recesivas.

La situación se torna más compleja cuando analizamos el comportamiento del sector sindicalizado del empleo registrado, que representa aproximadamente un tercio de la fuerza laboral. Este segmento, protegido por convenios colectivos de trabajo y con una sólida organización, mantiene niveles elevados de conflictividad laboral. Su capacidad de acción y su poder de negociación les permite expresar activamente su resistencia a las políticas de ajuste, defendiendo derechos adquiridos y poder adquisitivo. La información clave en este párrafo es “un tercio”: se trata de la crème de la crème del mercado de trabajo Argentino. ¿Qué posición sostiene la mayoría de los y las trabajadores? Quizás, como argumentamos más arriba, exista un sentimiento de alivio ante la desinflación sobre los sectores que estaban más perjudicados por la rápida aceleración de precios de 2023.

Un técnico trabaja en la fábrica de biocombustibles Oilfox S.A. en San Nicolás, en el noreste de Buenos Aires. Foto de archivo. REUTERS/Enrique Marcarian

La divergencia entre estos dos sectores refleja una realidad económica fragmentada. El sector no sindicalizado, más vulnerable a los efectos de la inflación y con menor capacidad de negociación salarial, encuentra en una menor inestabilidad de precios una forma de protección económica, aunque sea a costa de un contexto recesivo. La previsibilidad en los precios les permite una mejor planificación de sus recursos limitados, y la expectativa de que la estabilización eventualmente generará oportunidades económicas sostiene su apoyo a las políticas gubernamentales.

Esta dualidad presenta desafíos significativos para la gestión de la política económica. El gobierno debe mantener un delicado equilibrio entre el apoyo popular basado en la promesa de estabilidad monetaria y la gestión de una conflictividad laboral creciente. La política de ingresos se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan los objetivos desinflacionarios con las demandas salariales del sector organizado.

Sin embargo, esta situación no está exenta de riesgos. La prolongación excesiva del período recesivo podría erosionar el apoyo popular, especialmente si los sectores más vulnerables no perciben mejoras concretas en su situación económica. Además, la persistencia de una alta conflictividad laboral puede generar costos económicos adicionales que dificulten el proceso de estabilización.

La resolución de esta tensión requerirá habilidad política para gestionar las demandas de los sectores organizados sin comprometer los objetivos de estabilización. El gobierno deberá desarrollar mecanismos de compensación para los sectores más afectados por las medidas recesivas, mientras mantiene la disciplina fiscal necesaria para el proceso desinflacionario.