Estos días se debate en Argentina una posible reducción de la jornada laboral de 48 a 40, o menos, horas semanales. Como en tantos otros aspectos de nuestra vida cotidiana, debemos tener en cuenta qué dice la regulación vigente, contrastarlo con lo que sucede en la realidad, analizar a quiénes afectaría la modificación, y qué efecto tendría sobre el bienestar promedio.

 Si bien la legislación actual indica una jornada laboral de 48 horas semanales, se debe aclarar que eso aplica solamente al mundo del empleo asalariado registrado, aproximadamente un tercio de los trabajadores y las trabajadoras. Así enmarcamos correctamente el debate: una modificación del horario laboral, al igual que el reciente aumento del mínimo no imponible de ganancias, y que la gran mayoría de iniciativas en el campo laboral, están destinadas a mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de las personas con, relativamente, mejor situación laboral de Argentina. No es necesariamente una iniciativa que mejoraría la calidad de vida de la mayoría de personas trabajadoras, sino de aquellas bajo convenio colectivo de trabajo.

 Siguiendo los datos publicados por OIT (en base al INDEC), en Argentina el promedio de horas semanales trabajadas por una persona empleada es de 34,6 horas, bastante por debajo del máximo en parte porque, como ya se mencionó, las personas empleadas bajo ley de contrato de trabajo son minoría. En un extremo, algunos países no regulan la jornada laboral en cuanto a su duración (Estados Unidos o Alemania, por ejemplo). La mayor parte de países en vías de desarrollo tienen regulación de 41 a 48 horas máximas. Luego, Europa o Canadá tienen regulación de 40 horas semanales, y menos de 40 horas son muy pocos casos en el mundo, todos industrializados. Hay algunos cambios: Chile recientemente aprobó una jornada de 40 horas, por ejemplo. La pregunta crucial es ¿este cambio mejorará la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras? Es difícil asegurarlo.

 Se conocen iniciativas de jornadas más cortas con salarios más bajos para que haya más personas ocupadas (más personas haciendo las mismas tareas, repartiendo los mismos ingresos laborales). Esta es una buena medida para reducir el desempleo, y así reducir la población con ingresos cero, y de paso aumentar la disponibilidad de tiempo libre de las personas ocupadas. Pero en Argentina la tasa de ocupación ya es alta, la tasa de desempleo es relativamente baja, y la precariedad de las condiciones laborales es, en promedio, alta. Entonces el problema mayor no es el desempleo, sino los bajos ingresos laborales. Con lo cual, una medida como esta pondría más presión a la baja sobre el salario promedio en una economía que no necesita con urgencia ocupar más personas, sino mejorar sus condiciones laborales.

 Reducir las horas de trabajo intenta imitar la calidad de vida de los trabajadores de economías industrializadas. En cuanto a por qué se trabaja menos horas en países más ricos, en general ante niveles de ingreso per cápita mayor, la gente valora más su tiempo de ocio y decide trabajar menos. Además, al ser economías de mayor productividad, los salarios son más altos, y menos horas trabajadas alcanzan para tener los ingresos laborales necesarios. Esta lógica no aplica bien al caso de Argentina. Ese es el problema de buscar imponer calidad de vida solo con regulación y leyes, cuando ya se sabe que la calidad de vida aumenta si (y sólo si) la regulación va acompañada de mejoras de productividad y desarrollo económico.