La justicia federal de Comodoro Py y la República Argentina

En la avenida Comodoro Py 2002, del barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra ubicado el edificio de los juzgados y tribunales federales con las causas que se investigan y juzgan delitos federales de corrupción, por delitos tales como cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, pago de sobreprecios, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudaciones al Estado por cifras millonarias, como así también evasión fiscal, narcotráfico, asociación ilícita, secuestro extorsivo, trata de personas, lavado de dinero, lesa humanidad, extradiciones, medio ambiente, falsificación de moneda, delitos financieros, terrorismo, entre otros.

En el imaginario colectivo se asocian estos expedientes judiciales con la calle de la Ciudad de Buenos Aires donde se ubican los tribunales federales: “Comodoro Py”. Puntualmente, allí se encuentran los 12 Juzgados Federales de 1era instancia, la Cámara Federal de Apelaciones, los Tribunales Orales Federales, Tribunales Orales en lo Penal Económico, defensorías públicas, fiscalías y la máxima instancia de la justicia penal federal, la Cámara Federal de Casación Penal.

En dicho edificio trabajan 60 jueces/as de primera instancia y Camaristas federales (de Cámaras de Apelaciones, Tribunales Orales y Cámara de Casación Penal). En total en el edificio, sumando jueces, fiscales, defensores/as, secretarios/as, empleados/as, personal de maestranza, se desempeñan unas 1.500 personas. Hoy en día casi toda la labor judicial se realiza en modo virtual (expediente digital, firma electrónica y audiencias zoom) por la pandemia, sin menoscabar la prestación del servicio de justicia. Por el contrario, las estadísticas demuestran que se han duplicado y triplicado la cantidad de planteos en sede penal (producto de una mayor cantidad de peticiones de libertad, a lo que se agrega el incremento de otros casos).

A lo largo y ancho del país trabajan unos 1.000 jueces y Camaristas federales. Vale decir que en Comodoro Py trabajan el 6% de los jueces/Camaristas federales de todo el país. Con la particularidad de que la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por 13 magistrados, en 4 Salas más 1 Presidente de la Cámara), que si bien tiene la sede en CABA, revisa las causas por delitos federales cometidos en las 23 provincias de la República Argentina sumado a los producidos en CABA distribuidos según el esquema que a continuación se desarrolla.

El Congreso Nacional dispuso por la ley 24.050 (de Organización de la Justicia Federal, que crea la Cámara Nacional de Casación Penal; B.O. 7/1/1992) la división del territorio nacional en diecisiete (17) distritos judiciales federales: Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Resistencia, Corrientes, Posadas, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, San Justo, La Plata y San Martín.

Algunas jurisdicciones coinciden con la provincia a la que pertenecen, como es el caso de la jurisdicción de Paraná –que coincide territorialmente con la provincia de Entre Ríos—, mientras que otras abarcan varias provincias. Tal es el caso del distrito de Córdoba, que excede los límites políticos de la aludida provincia homónima e incluye también a la provincia de La Rioja. Lo mismo ocurre con la jurisdicción de Tucumán, que incluye a la provincia homónima y se extiende a las provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

Además, se puede observar que existen jurisdicciones que no coinciden con los límites políticos establecidos, sino que se encuentran agrupadas de tal manera por cuestiones de cercanía y conveniencia. La jurisdicción de Resistencia es un ejemplo de lo expuesto, porque abarca la totalidad de las provincias de Formosa y Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe.

A su vez, las provincias con mayor densidad poblacional, se encuentran divididas en distritos judiciales –la provincia de Buenos Aires es parte de las jurisdicciones de La Plata, San Martín, San Justo, Mar del Plata y el Este de la jurisdicción de Bahía Blanca–.

Por otra parte, se determinaron jurisdicciones territorialmente más extensas por motivos de la baja densidad poblacional. Tal es el caso de la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, que se extiende sobre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cada uno de los diecisiete (17) distritos cuenta con una estructura judicial para satisfacer el acceso a la justicia en aquellos casos que se susciten en la respectiva jurisdicción y lograr una administración de justicia más eficiente y más accesible para los justiciables. De esta manera, cada una de las aludidas jurisdicciones cuenta con diversos Juzgados Federales de Primera Instancia distribuidos en la extensión territorial.

En la CABA y en el conurbano bonaerense, la densidad poblacional genera no sólo que el territorio se divida en una mayor cantidad de jurisdicciones, sino también que los juzgados federales allí establecidos tengan una competencia más específica según la materia en la que entienden: penal, electoral, civil, comercial, etc. Así, y sólo como ejemplo, los juzgados que tienen competencia exclusivamente penal son el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº 1, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul N° 1 y el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata Nº 1.

Por el contrario, en las jurisdicciones con menor densidad poblacional, los juzgados federales suelen tener competencia múltiple, sobre todo asunto federal que se presente en la jurisdicción de las diversas materias federales existentes. Ejemplos de ello son los Juzgados Federales de Primera Instancia de Río Grande, de Caleta Olivia, de Paso de los Libres y de San Luis.

Sin embargo, a medida que fue aumentando la litigiosidad en estas jurisdicciones, se han ido creando nuevos juzgados federales, a fin de satisfacer la demanda por el servicio de justicia. Así, se crearon por ley nuevos juzgados, como el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Posadas, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero N° 2 y el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto.

Además, cada jurisdicción cuenta con una Cámara Federal del distrito (que actúa como superior de aquellos juzgados) y Tribunales Orales Federales. La Cámara Federal de Casación Penal constituye el tribunal superior que actúa como órgano revisor de las resoluciones de las Cámaras Federales de Apelaciones (excarcelaciones, prisiones preventivas, domiciliarias, sobreseimientos; entre otros) y de las sentencias dictadas por los Tribunales Orales Federal en dichas jurisdicciones, como así también de la Cámara Federal de Apelaciones de CABA, Tribunales Orales Federales de CABA, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y Tribunales Orales en lo Penal Económico.

La Casación Federal es un tribunal intermedio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Cámaras Federales de Apelaciones y Tribunales Orales, tal como fue definido por la propia Corte Suprema en el fallo “Giroldi” (1995) hace más de 25 años, oportunidad en la cual se estableció que la reforma constitucional de 1994 ha conferido jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho “de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, que es la Cámara Nacional de Casación Penal. A la vez que salvaguarda la inserción institucional de la Cámara Nacional de Casación Penal en el ámbito de la justicia federal y respeta el sentido del establecimiento de órganos judiciales “intermedios” en esa esfera, creados para cimentar las condiciones necesarias para que el Tribunal de Casación revise el derecho aplicable y la prueba del caso (CSJN in re “Casal”; 2005).

* Mariano Borinsky es Juez Cámara Federal Casación Penal, Presidente de la Comisión Reforma del Código Penal, Doctor en Derecho Penal (UBA), Director del Posgrado de Derecho Penal Tributario de la UBA, Profesor Adjunto Regular en grado y posgrado de la UBA y UTDT , Director Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Erreius, Ex Fiscal General ante TOPE y ex Director General de la UFITCo.