Piedra libre atras de la torre
Por Facundo de Almeida. Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella,
El editor de este suplemento viene denunciado desde que asumió el gobierno de Macri la complicidad del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y de su subsecretario, Héctor Lostri, con los depredadores inmobiliarios. Es inexplicable, si no, la liviandad con que el Ejecutivo porteño admite la violación sistemática de las leyes de protección patrimonial, permite las demoliciones clandestinas, avala construcciones que superan los metros previstos, aprueba engendros como la Torre Quartier en San Telmo y no envía a la Legislatura el régimen de sanciones para quienes destruyen el patrimonio cultural de la ciudad. Pero esta semana el diputado Gonzalo Ruanova demostró que no solamente hay complicidad, sino que directamente Chaín y Lostri son ellos mismos depredadores inmobiliarios, y que un mes antes de asumir sus cargos crearon una sociedad anónima para administrar un (sub)desarrollo inmobiliario en Villa Urquiza. El otro socio es Daniel David Duvinsky, uno de los directores de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que según los antecedentes que publica la página web de la empresa estatal, “en los últimos años ha gerenciado su propia actividad empresarial, destinada a la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Jardines de Roosevelt, así de pomposo es el nombre del emprendimiento, se emplazará en avenida Roosevelt y Aizpurúa, a pocas cuadras de la proyectada estación de subte de la Línea H. Según el diputado Ruanova, esto agravaría la conducta de los funcionarios porque habrían contado con información sensible para llevar a cabo el negocio.
Lo cierto es que la Línea H fue proyectada hace ya diez años durante el gobierno de Fernando de la Rúa y la estación más cercana estará a varias cuadras, y probablemente los futuros dueños viajen en auto y no en subterráneo. Pero lo verdaderamente curioso, y esto sí podría constituir claramente un ilícito, es que el 5 de noviembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el llamado a Licitación Nº 20/10 para la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Aizpurúa y Vías del Ex FF.CC. Mitre Ramal José León Suárez http://www.ausa.com.ar/Licitaciones/Licitacion.aspx?IdLicitacion=q7xQSzLqos.8h3).
Es una obra pública de escasa utilidad o incluso contraproducente, porque como ya ha denunciado el defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado, las reducidas dimensiones de estos pasos bajo nivel no permitirán la circulación de colectivos, sólo de autos. Así no reemplazan los pasos a nivel existentes, lo cual contraría los postulados del Plan Urbano Ambiental, que promueve el transporte público por sobre el particular.
Lo extraño no termina allí, porque la obra en la calle Aizpurúa no estaba prevista en Anexo I de la Ley 3528, sancionada
hace apenas tres meses por la Legislatura porteña. En el anexo sí figura un paso bajo nivel en la calle Ceretti, exactamente a una cuadra de donde se ubicará ahora. Es decir que, burlando la ley vigente, se relocaliza una obra pública y se la traslada a la calle donde se emplaza el emprendimiento inmobiliario de Chaín, Lostri y Duvinsky, algo realmente llamativo. Lo grave es que, según dispone el artículo 7º de la ley 3060 –que establece el marco legal para este tipo de obras–, el Ministerio de Desarrollo Urbano, del cual Chaín es titular y Lostri segundo, es “la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester”.
La empresa AUSA, por su parte, de la cual es director Duvinsky, el tercer socio de Jardines de Roosevelt SA, tiene a
su cargo la “ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la Autoridad de Aplicación y la ejecución de obras
públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura”, según el artículo 1º de la misma ley.
¿El paso a nivel de la calle Aizpurúa tendrá entonces como único objetivo facilitar el acceso de los dueños de los departamentos de Jardines de Roosevelt y sumarle un amenity extra que aumente su valor?