¿A dónde vamos en política regulatoria energética?

A casi once meses del cambio de gobierno, se están poniendo en marcha cambios regulatorios en el área de energía, en cuanto a orientación e instrumentos, que empezaron a gestarse en Julio pasado, con la designación de Daniel González como viceministro coordinador del área de energía en el Ministerio de Economía, y a mediados de octubre con María del Carmen Tettamanti como nueva secretaria de Energía en reemplazo de Eduardo Rodríguez Chirillo, Estos cambios todavía no están definidos o explicitados por completo y se presume que van a avanzar por pasos entre, por un lado, deshacer algunas decisiones o rumbos tomados por el anterior secretario de energía y, por otro lado, avanzar en áreas en donde existían indefiniciones y vacíos regulatorios a llenar.
La incertidumbre generada por este impasse de varios meses –un semestre, de hecho– que llevaron primero al ingreso de González y luego a la salida de Chirillo, se dio en un contexto en donde la regulación energética en gas y electricidad (especialmente) quedó casi congelada, ad-referéndum del manejo de la política económica por un ministro de Economía que fue consolidando su rol central en el Gobierno y que tenía grandes diferencias conceptuales con el secretario de Energía saliente y su estrategia de reforma del sector energético. Estas diferencias estaban no sólo en los impactos que dichos cambios podrían tener con la estrategia de convergencia a la estabilidad macro-nominal del Gobierno, sino también posiblemente en una desconfianza hacia el camino regulatorio y de reforma que se proponía.
Un tema disparador de estas diferencias, que es obviamente central para el manejo de la política económica, se refiere al tema del ajuste de precios y tarifas de la energía. Esto involucra a su vez distintos temas que incluyen la formación de precios mayoristas de gas y electricidad (con la indefinición de la reorganización del mercado mayorista eléctrico) y los subsidios que cubre el gobierno nacional, hasta el diseño de los subsidios que heredó una segmentación de grupos de hogares iniciada en 2022 y cuya modificación había sido anunciada en las audiencias de las RTI del verano basándose en una propuesta/anuncio de canastas energéticas regionales, que luego fue un tema congelado por el ministro. La observación obvia es que el ministro no confiaba en el camino sugerido y anunciado por el secretario de Energía ni por su impacto en la política económica ni como sendero de reforma o reorganización del sector energético, en especial el eléctrico.
Varios meses de indefiniciones o impasse no son buenos en ningún contexto, pero a veces es mejor pagar los costos de un resetting que adentrarse en un sendero inadecuado y sujeto luego a costos altos de reversión.
Ahora se plantea un escenario en donde los stakeholders y todos aquellos tomadores de decisiones de inversión empiezan a formar ideas y expectativas de qué rumbo se va a tomar en materia de regulación o reglas de juego en el sector, cuál va a ser el marco regulatorio general y particular y cómo eso va a afectar sus decisiones ya tomadas y, más importante, aquellas que van a tomar a partir de ahora.
En este ejercicio de preparación a un cambio de rumbo, los stakeholders que ya tienen inversiones hundidas suelen ejercer actividades de influencia que moldean las decisiones que se van a tomar, mientras que los que están pensando en expandir o entrar al sector actúan de modo más pasivo y posiblemente están sub-representados respecto a los ya establecidos (los llamados incumbents) en el proceso de decisión. Esta situación depende del contexto y la magnitud de la reforma. En situaciones de big bang regulatorio (o desregulatorio) como ocurrió a comienzos de los ‘90, no existió tal asimetría porque los ‘establecidos’ provenían del sector público y los entrantes privados estaban casi todos en igualdad de condiciones. Pero todo indica que la situación actual no es esa en materia de regulación de la política energética y que no se va a aplicar el enfoque o impronta del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Si no vamos a tener un bigbang lo más probable, y hasta natural, es que veamos una corrección de rumbo (de lo ya decidido o anunciado) y una dirección de reforma (de lo indefinido o postergado) que responda a lo que las autoridades nuevas y sus equipos decidan en base a la experiencia acumulada en la gestión del gobierno de Cambiemos y en su reformulación para este nuevo contexto político. Esto se explica, en mi opinión, por el convencimiento del ministro de Economía de que este es el camino, más allá de que los cambios sean aparentemente equivalentes a un acuerdo de acercamiento político para reforzar la gestión de gobierno.
¿Cuáles son los cambios del marco regulatorio energético emergente que preocuparían a las empresas establecidas o actores potenciales vinculados a las inversiones? Depende del caso particular, en el amplio espectro de la cadena de valor de gas y electricidad, y no se puede dar una respuesta que represente a todos. En cambio, es más útil ordenar estos cambios entre lo que se va a deshacer, por ejemplo respecto al esquema de subsidios, y lo que va a requerir propuestas nuevas de reforma organizativa, por ejemplo respecto al mercado mayorista eléctrico.
En el primer caso ya existen trascendidos de que el esquema de subsidios basado en la segmentación iniciada en 2022 se va a reemplazar por un esquema más explícito de tarifa social, con cantidades acotadas, para los pobres y vulnerables, en vez del esquema de canasta energética de Rodríguez Chirillo.
Este cambio, en mi opinión va a ser una corrección de rumbo de colisión justo a tiempo y por lo tanto un mejor camino. Va a ser, además, algo en línea con el ‘dialogo’ de apoyo financiero que el gobierno está manejando con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID. Pero el avance de este cambio no está asegurado si al mismo tiempo no se corrige algo que no se entendió bien en 2016- 19 (y que hasta se complicó innecesariamente) que es que no puede haber buena reforma de tarifa social sin reforma de la estructura tarifaria.
La Argentina tiene pendiente corregir una configuración ineficiente y no-equitativa de bloques de consumo que determinan diferencias astronómicas de cargos fijos y de distintos cargos variables. Se debe ir a una tarifa en solo dos partes (cargo fijo y cargo variable) que acomode subsidios de suma fija en vez de precios diferenciados y se debe avanzar en coordinar una reforma impositiva (más allá de la reciente decisión de excluir cargos no vinculados al servicio) en todos los niveles de gobierno, que ayude a reformar las estructuras tarifarias, eliminar subsidios y financiar la instalación de medidores en los hogares, tal que permita la ‘tarificación’ inteligente de la energía y el uso de potencia.
Una vez que estos cambios se puedan introducir se debe avanzar en una gran reforma del mercado eléctrico mayorista que termine con más de dos décadas ininterrumpidas de intervencionismo y abrogue por el reencuentro de la oferta y la demanda, luego de su fatal divorcio en 2002.