Oligarquía y corrupción

Mariano Vior

El enlace entre oligarquía y corrupción es un clásico de la teoría política. Viene por tanto de lejos, desde que se concibió el gobierno de unos pocos -la oligarquía- como una orientación dirigida al beneficio propio y no hacia el interés general de una República (que, como es sabido, es cosa de todos en lugar de ser apropiación de unos pocos).

Este fenómeno nos envuelve al paso de los escándalos de corrupción que estallan en medios de comunicación independientes y luego atraviesan procesos judiciales que, rara vez, concluyen en sentencias definitivas. Según las encuestas, esta es la visión de la ciudadanía acerca de esas cuestiones: el convencimiento de que la corrupción está instalada en la sociedad como algo permanente y casi connatural a nuestra circunstanciar junto con el desprestigio de la administración de justicia ¿Qué revela esta manera de destapar una olla maloliente que compromete al Gobierno que feneció en diciembre del año pasado y a las organizaciones sociales?

Al menos dos cosas. Primero que, más allá del desorden administrativo, de una orfandad legislativa difícil de doblegar y de irresponsables acciones exteriores, el Gobierno en funciones está dispuesto a ejercer control como querellante sobre estas afrentas. Segundo, que estos vínculos entre oligarquías y corrupciones denotan la persistente conformación corporativa de organizaciones ligadas al Estado, dependientes de leyes ad hoc, decretos y resoluciones.

El asunto tiene antecedentes en el tipo de organización sindical que rige en el país. Organizaciones, en efecto, no inspiradas en el concepto de la asociación voluntaria sino en privilegios, obtenidos mediante legislación, tales como la retención obligatoria del trabajador por rama de producción, concomitante con los convenios colectivos que se negocian en el mismo contexto.

El sistema funcionó durante muchos años hasta que, codo a codo con la cadena de crisis económicas, mostró fisuras indudables y arrojó a muchísimos compatriotas al desempleo y a la informalidad. Entonces surgieron nuevos agentes del descontento en la forma de piqueteros demandantes de dignidad y trabajo.

Estos movimientos y las exigencias de asistencialismo crecieron al comienzo de manera espontánea. Lo que tal vez no se previó es que el mismo modelo corporativo, que encuadraba el trabajo formal, se reproduciría en el espacio de la informalidad.

Avanzaron de este modo los movimientos sociales, que se expandieron al calor de los cuatro gobiernos que sucedieron a la crisis de 2001-2002. Se trataba de contener ese derrumbe en la pobreza y la exclusión social mediante un subsidio que el Estado concedía no a cada persona en particular, aunque hubo excepciones en relación con familias e hijos (AUH), sino a un conjunto de organizaciones cuya finalidad consistía en proveer trabajo. De la mano de este enfoque, el cooperativismo, históricamente formado en nuestro país al influjo de la asociación voluntaria, perdió su razón de ser originaria.

Así, la cooperación libre se transformó en un instrumento corporativo que administraba cuantiosos subsidios del Estado y presionaba a los sucesivos gobiernos para obtener más recursos. Al cabo, ese modelo recreaba la retención obligatoria de las organizaciones sindicales por medio de la extorsión a los beneficiarios de planes sociales que, so pena de sanciones, eran obligados a entregar un porcentaje del subsidio y a concurrir (niños incluidos) a manifestaciones y acampes.

Parece mentira que estos agravios, conocidos gracias al coraje de quienes denunciaron este envilecimiento, ya en sede judicial, afecte a organizaciones pertenecientes a una tradición de izquierda que nació imbuida de severas conductas éticas. No es de extrañar que esto ocurra en las sentinas del kirchnerismo, pero que también atrape a otras tradiciones es un signo del desamparo moral que estas décadas de impudicia pública han sembrado en nuestra existencia cívica.

No asistimos pues, como diría el Maquiavelo atento al devenir de la República Romana, a la corrupción de los ricos que manipulan a los de abajo. Asistimos, en otro orden, a la corrupción en el seno mismo de la pobreza.

Idas y vueltas de un relato ruin: como suele acontecer, la corrupción se fusiona con una oligarquía que pretende ser representativa de los excluidos. Para quebrar esos ultrajes es necesario disponer del último recurso capaz de obrar en consecuencia: La Justicia de la República sin la cual, como decía San Agustín, el Estado no es más que una banda de ladrones. Afortunadamente, no hemos caído en esos excesos. Por mucho que a los libertarios les repugne, el Estado es tan necesario a la vida civilizada como la división de poderes.

Sin embargo, el tardo proceso que acompaña este tipo de denuncias, tan explosivas cuando de entrada cobran entidad pública y tan poco impactantes en la opinión cuando se van diluyendo en el laberinto judicial, nos muestra que esta es una asignatura pendiente en el duro aprendizaje de perfeccionar la calidad de nuestra República.

¿Qué podemos esperar, en efecto, si un juez propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema se caracteriza por “cajonear” hábilmente, con postergaciones cuasi infinitas, los asuntos atinentes a la corrupción del poder? ¿Qué podemos esperar, por otra parte, si a las necesarias denuncias emanadas del Poder Ejecutivo las transmite, en esta y en otras materias, un estilo confrontativo, con rasgos soberbios preñados de insultos, de quien pretende monopolizar la verdad y la virtud?

Seguimos atrapados por esos estilos jacobinos que, a su vez, dan cuenta de un problema mayor, pues tan grave como la corrupción del comportamiento cívico es la corrupción del lenguaje cívico en el espacio público dentro y fuera de nuestras fronteras. El lenguaje propio de la mediación política no es un proyectil; es, al contrario, el vehículo más apetecible para instalar en la República el don del respeto mutuo entre ciudadanos iguales.