La inversión pública en investigación y desarrollo

China. Una científica trabaja en el laboratorio de investigación de ADN para la secuenciación de genes, en Nanjing. Foto: EFE/ Aleksandar

Si estás leyendo esta nota en un celular o una PC, en parte es gracias a que en la década del ‘70 Vincent Cerf y Robert Kahn inventan el TCP/IP, protocolo que enlaza computadoras y otros dispositivos con el fin de transmitir y recibir datos. Financiado con fondos públicos, fue éste un hito fundamental en la aventura que revolucionó las comunicaciones. Pero hubo pasos previos. Retrocedamos entonces hacia el inicio de esta historia.

El 4 de octubre de 1957 la URSS pone en órbita el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. Para dar respuesta a la avanzada tecnológica de su rival, durante la primera mitad del año siguiente el gobierno de los Estados Unidos crea dos organismos: la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA).

A partir de esta última, se desarrolla el concepto de computación interactiva. El objetivo fue conectar distintos nodos del país para coordinar la defensa del territorio ante un posible ataque nuclear de la URSS. Así, en diciembre de 1969 se establece el primer enlace mundial entre ordenadores. Un mensaje enviado desde la Universidad de California en Los Ángeles es recibido en el Instituto de Investigaciones de Stanford. La rampa de lanzamiento de la futura red que hoy llamamos Internet está lista.

Independientemente de la guerra fría, la conquista del espacio generó beneficios esenciales para la humanidad. Desde la NASA nos cuentan que, por ejemplo, la investigación médica más allá del límite terrestre permitió el desarrollo de aparatos de diagnóstico por ultrasonido, lo que facilitó el reemplazo parcial de los siempre riesgosos rayos X.

A su vez, echó luz sobre posibles remedios que mitiguen los efectos del Alzheimer, el asma, distintos tipos de cáncer y la osteoporosis.

Las historias hasta aquí contadas tienen un denominador común, la presencia de fondos públicos que las hicieron posibles. Si bien el sector privado resulta esencial en el desarrollo del conocimiento, el rol del Estado se erige ineludible. Ocurre que en el éter por donde orbita la I&D ambos sectores dialogan y se retroalimentan, se complementan. Por eso es tan necesaria -imprescindible- la cooperación entre ellos. ¿Cuáles serían las razones?

La I&D presenta tres etapas: investigación básica, aplicada y desarrollo. En su proceso de avance, no es posible alterar su orden. La primera tiene como objetivo experimentar desde la teoría con el fin de adquirir nuevos conocimientos, sin -necesariamente- tomar en cuenta sus posibles aplicaciones. Por su parte, la aplicada es la que pone manos a la obra con un objetivo específico. Se trata aquí de resolver un problema práctico. Finalmente, el desarrollo utiliza los conocimientos teóricos y aplicados para producir nuevos productos o procesos o mejorar los ya existentes.

Entre los 38 países que conforman la OCDE, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos son los que cuentan con mayor presencia privada en I&D. Los $210.000 millones de dólares de fondos federales anunciados por el Presidente Biden a ser volcados al aparato científico durante 2024, representan solamente el 20% de la inversión total en el país. Sin embargo, en lo que respecta a inversión básica, dicho porcentaje escala hasta el 50%. Mientras tanto, la empresa privada, que aporta más del 70% del total, cae al 33% (Muresianu, 2022).

Proponer el cierre de centros de investigación públicos con la fantasía de que serán sustituidos por equivalentes privados, es desconocer la dinámica del desarrollo. La empresa privada es solo capaz de apropiarse de una pequeña porción del retorno de la inversión en ciencia básica.

Así, tiende a subinvertir y de aquí la necesidad de la intervención pública, según Barret y colegas (2021). La I&D es un juego cooperativo en el cual cada sector aporta respondiendo a sus incentivos y de acuerdo con sus ventajas comparativas. Asimismo, en relación a la ciencia aplicada, es universal en cuanto a sus aportes al conocimiento a la vez que éstos tienden a permanecer relevantes durante más tiempo. Los $337 millones de dólares invertidos desde 1985 a 2019 por el gobierno de los EEUU que contribuyeron a comprender la lógica del ARN mensajero son un claro ejemplo. El aporte público fue fundamental para el desarrollo de una vacuna que salvó unos 20 millones de vidas humanas durante el primer año de la pandemia.

“Es hora ya de que las fuerzas de construcción venzan en la colosal batalla humana a las fuerzas de la destrucción” decía José Martí. Jaquear al CONICET a través de su posible privatización o disminuir el aporte de los fondos públicos desfinanciándolo, seguramente hará caer aún más nuestro volumen científico. En cantidad de publicaciones de alto impacto, en 1996 Argentina se ubicaba en el tercer lugar de América Latina luego de Brasil y México. En 2022, retrocedió al quinto, siendo sobrepasada por Chile y Colombia (SJR, 2022).

Ante aventuras imprudentes y propuestas jactanciosas con débil sustento empírico, es responsabilidad de la sociedad toda evitar que vuelva a encenderse la llama que el 29 de julio de 1966 redujo a cenizas parte del aparato científico del país.

En esa fecha los principales investigadores de la UBA son echados a palazos y sus centros de investigación desmantelados. La “Noche de los Bastones Largos” fue el primer paso hacia el debilitamiento de la ciencia argentina. Decía Lord Byron que “apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo”. No caigamos nuevamente en la tentación.