Dos descalabros

Ilustración: Mariano Vior.

Nuestro país padece dos descalabros. El primero impacta de lleno en la sociedad: en su declinación económica; en el aumento de pobres e indigentes; en las organizaciones corporativas que aún persisten; en la acción de minorías intensas que conspiran contra el desarrollo; en los sentimientos de desazón y descreimiento que nos invaden; sin cerrar la lista, en el repudiable intento de homicidio a la Vicepresidenta perpetrado por un grupo de marginales, sin normas ni restricciones morales, instalado en un escenario de movilizaciones callejeras y violencia verbal recíproca.

El otro descalabro impacta en las instituciones políticas que, en teoría y no en la práctica, nos propone el ordenamiento constitucional de la democracia. En este punto, nuestra insuficiencia institucional, que no hemos podido superar en estos 39 años de democracia, coincide con las mutaciones tecnológicas de este siglo, impulsoras de una acentuada fragmentación.

De este modo, lo colectivo que debería apuntar hacia “la unión nacional” y el “bienestar general” (habla el Preámbulo de la Constitución) se desgaja en una multitud de tribus que, a través de la proliferación masiva de aparatos de comunicación, generan su propia representación.

La tribu asesina que atentó contra la Vicepresidenta (ignoramos todavía sus posibles conexiones) es un signo desgarrante de estos fenómenos: un feroz instinto, munido del teléfono móvil, cabalgando sobre la anomia social.

En este escenario se está desenvolviendo un argumento en que sufre perjuicio la representación política y los liderazgos.

Estos rasgos, que en anteriores artículos hemos caracterizado como típicos del faccionalismo, sobresalen más en los rangos de la oposición que en las filas del oficialismo; en éstas, la jefatura interna en manos de la Vicepresidenta, aunque con escaso predicamento externo, contrasta por ahora con la dispersión de pretendientes en la coalición de Juntos por el Cambio.

Este es un cuadro aproximado de los nuevos desafíos que se ciernen sobre la democracia representativa. Es cierto que, para bien de la ciudadanía, la Constitución Nacional ha prevalecido, pero al credo que debería sustentarla con creencias compartidas lo atraviesan varias impugnaciones. Entre ellas se destacan la impugnación a la Justicia y a las reglas electorales.

De más está decir que la administración de la Justicia con respecto a delitos que atañen a la corrupción está quebrada por el ánimo polarizante. De un lado se ubican aquellos que claman contra la impunidad y exigen condena; del otro, en el papel de víctimas, los que asumen que los procesos judiciales que comprometen a la Vicepresidenta son pura farsa y engaño.

Si, más allá de este dualismo, levantamos la mirada podemos advertir que el daño mayor lo sufre el Poder Judicial de la República porque este enfrentamiento concluye afectando su intrínseca legitimidad. Los fallos no gozan de aquiescencia común sino que son parte de antagonismos que derivan de una fractura de las creencias. En rigor, las creencias no se comparten; son, al contrario, armas para entablar el combate político.

Unas armas semejantes se esgrimen contra el régimen electoral y ponen en la picota la ley 26.571 de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aprobada por el Congreso en 2009.

En contra de la legislación conocida por ejemplo en los Estados Unidos y en Uruguay, esta ley diagramó una competencia interna entre fórmulas y listas cerradas tanto para los comicios presidenciales como para los intermedios.

Esta rigidez estorba el arte de concertar fórmulas presidenciales después de celebradas las PASO, según acontece en Uruguay y Estados Unidos que eligen solamente a los candidatos a Presidente.

No impide, sin embargo, elegir durante un largo proceso a las fórmulas en las dos coaliciones dominantes y, a su vez, comprobar qué regla formal y qué método fáctico se podrían aplicar.

En los hechos, en el Frente de Todos rige un método de fuerte impronta en el pasado, mientras en Juntos por el Cambio atienden a las reglas formales previstas en la ley. El método fáctico, en este caso, es el de la gran electora que designa a sus sucesores o resuelve intervenir en su condición de candidata.

Tal fue el desempeño de CFK en las elecciones de 2015 y 2019. Esta práctica transforma las PASO en una primera ronda que verifica el mayor o menor apoyo a la fórmula designada.

Por su parte, en Juntos por el Cambio las candidaturas, aún no anunciadas, apuntan a competir en las PASO, la regla formal más favorable para transmutar la dispersión en una fórmula unificada. Paradójicamente, si por un lado las PASO unifican, por otro hacen de incentivo para impulsar el faccionalismo.

De tal suerte, la eliminación de las PASO por la vía legislativa, de contar con los votos suficientes en el Congreso, significaría para Cambiemos un golpe difícil de asimilar.

Esta es la penosa cosecha que proviene de concebir a la Justicia y a las reglas electorales como instrumentos tácticos al servicio del poder y no como el marco estable capaz de infundir legitimidad al orden constitucional.

Con estos presupuestos no es sencillo imaginar un diálogo constructivo entre Gobierno y oposición. Para que fructifiquen acuerdos socio-económicos, es preciso no manipular instituciones y dejar que ellas mismas hagan su trabajo en paz.

La experiencia y la política comparada nos enseñan que no hay acuerdos socio-económicos convincentes si no media un pacto en el plano político-institucional fundado en la confianza recíproca de la dirigencia.

Cuando esa confianza se diluye, el juego de ofensas y recriminaciones entre unos y otros robustece el creciente escepticismo de la ciudadanía. Entonces la sospecha reemplaza a la confianza y la obsesión por imaginar toda clase de conspiraciones también se expande.

Éste es otro producto de una política que, al fabricar falsas verdades, al cabo se autodestruye. Por eso la sorpresa que deparan liderazgos disruptivos aptos para terciar rechazando a toda la clase política.