La necesidad de políticas de ingreso frente a la inflación argentina

La inflación es un fenómeno macroeconómico que acompaña a nuestro país desde hace décadas. Su combinación con fuertes contracciones económicas y devaluaciones, así como su persistencia, no hacen más que expresar su carácter inercial y su vínculo con la evolución de los costos, particularmente con el tipo de cambio, precios internacionales, precios regulados (tarifas, naftas, etc.), y con la dinámica de la puja distributiva. 

La aceleración de la inflación a niveles muy altos está asociada a una caída de los ingresos reales. En ese contexto, variaciones nominales de salarios que intentan compensar lo que sucedió con la inflación pasada no logran compensarla, por lo que se llega a la paradoja que mayores incrementos salariales se dan en paralelo a caídas en el poder adquisitivo. 

Los años 2018 y 2019 son ejemplos de esta dinámica, en la que la inflación superó el 50% y los salarios corrieron por detrás. La pandemia rompió esa lógica y llevó a una fuerte desaceleración de los aumentos de precios. Si bien no desapareció, la inflación mensual logró bajar a prácticamente la mitad de los valores de 2019. 

Sin embargo, la presencia de variaciones mensuales superiores al 3% mensual desde octubre de 2020 reaviva el debate sobre la inflación y el esquema macroeconómico. Creemos que no hay otra salida que la coordinación de las variables macroeconómicas, dentro de la cual la política de ingresos es un componente fundamental (mas no el único) para evitar la aceleración de la inflación, la inestabilidad macroeconómica y la perdida futura de ingresos reales.

¿Qué significa tener una política de ingresos?

Existe una variedad de políticas de ingreso, es decir de formas de orientar la discusión salarial desde el Estado en concertación con los actores sociales. En ese marco, podemos distinguir las nociones de Pacto Social por un lado y a los mecanismos más generales de coordinación salarial intersectorial por el otro. 

Creemos que hoy no están dadas las condiciones para un Pacto Social amplio de estabilización: éstos suelen darse al principio de los gobiernos, y no en años electorales; la inflación, si bien alta, ha bajado sensiblemente y la economía está menos indexada; los actores empresariales y sindicales hoy no tienen intención de delegar la negociación en las asociaciones de cúpula (como sucede en este tipo de pactos); y buena parte de la coalición opositora, de seguir su estrategia de radicalización actual, difícilmente tenga incentivos a cooperar, lo que le resta legitimidad a la idea de "gran acuerdo".

En cambio, pensamos que es un momento ideal para avanzar hacia un modelo de coordinación salarial como los que hoy tienen muchos países con sindicatos fuertes, inflación baja, igualdad social y competitividad externa: nos referimos a los países del norte de Europa continental (Países Bajos, Austria, Alemania) y Escandinavia y, en América Latina, a Uruguay. 

En efecto, somos el único país del mundo en el que las cúpulas sindicales y empresarias negocian convenios de actividad a nivel país para una gran cantidad de trabajadores, pero a la vez carecemos de una instancia o ámbito de coordinación intersectorial que ayude en la estabilización de expectativas y a plantear una discusión salarial prospectiva basada en proyecciones de salario real y no en aumentos nominales "a ciegas".

El tabú de la política salarial

Argentina no tiene una cultura de concertación de política de ingresos. Desde sectores empresariales y de la centro-derecha política se plantea que los salarios deben ajustarse "solos" en negociaciones atomizadas. Desde sectores del sindicalismo y el progresismo se tiende a pensar que las paritarias sectoriales son autónomas de la política económica y deben determinarse "libremente". Bajo esta mirada, el salario es sólo demanda e ingreso, no un costo. Ambas perspectivas eluden la discusión sobre el rol que siempre tiene el Estado -por acción u omisión- en el ordenamiento de la puja distributiva.

En un país como Argentina, las expectativas nominales de salarios serán coordinadas en el marco de un modelo con inclusión sindical, no mediante la desregulación, la atomización y el debilitamiento de los trabajadores organizados-los sectores empresariales deben convencerse de ello. Es preciso, entonces, institucionalizar una instancia que reúna a representantes del gobierno y cuente con la presencia de las cámaras patronales y sindicatos sectoriales de más peso. Un ámbito como éste sería el más adecuado para discutir parámetros salariales y no salariales (como tarifas, precios regulados y de insumos clave, política social, perspectivas cambiarias) que ayuden a estabilizar la macroeconomía en la ronda de paritarias.

La crisis que trajo la pandemia constituye una oportunidad para realizar cambios estructurales en la macroeconomía en general y en los mecanismos de política salarial en particular. La democracia argentina exige un salto de calidad en ambas esferas. La clase política y los actores deben internalizar de una vez la necesidad de una política formal de ingresos, orientada por el Estado y proactiva, consultada con los actores sociales y que vaya más allá de dejar que "la negociación por actividad funcione".

*Sebastián Etchemendy Universidad Torcuato Di Tella-CONICET/ Investigador del área de Trabajo de Fundar

** Federico Pastrana es Profesor Adjunto de Dinero, Crédito y Bancos de la Universidad Nacional de Avellaneda

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