Chile necesita una Constitución que se le parezca

La Constitución de un país es el principal proyecto colectivo de una sociedad. Es por eso que esa sociedad tiene que tener una constitución que se le parezca. Que se parezca a sus diversidades, a sus anhelos, a su inteligencia colectiva y a sus hijos y nietos todavía no engendrados. Parecerse desde la paridad de derechos y desde la igualdad de acceso a oportunidades. En definitiva, acercarse al respeto de la dignidad humana, es lo que hace que una constitución no convierta a las personas en iguales (lo que sería imposible), pero sí en pares (lo que sería deseable).

El plebiscito que se realizará el próximo 25 de octubre mediante el cual la sociedad chilena decidirá si dicta una nueva constitución, tiene antecedentes generados por la sociedad civil que hacen que la futura carta magna pueda acercarse más a los deseos del pueblo que a los intereses de sus dirigentes, porque hoy, con Chile convertido en una multitudinaria asamblea ciudadana, la Convención Constituyente tendrá poco margen para apartarse de la voluntad popular. Voluntad popular que, aún fragmentada y expresada, en ocasiones, de forma radical y desbordada, sigue representando el hartazgo expandido de las mayorías debido a los privilegios concentrados en las minorías.

En primer lugar, se trata de un plebiscito que fue convocado por la dirigencia política el 15 de noviembre de 2019, pero que comenzó a ser autoconvocado por la ciudadanía casi un mes antes, el 18 de octubre, cuando la movilización ciudadana se plegó a los estudiantes que evadían pagar el boleto del Metro de Santiago, como protesta al aumento de tarifas del sistema de transporte público. Nuevamente los estudiantes instalando en la agenda pública reclamos de interés colectivo, como lo hicieron en las masivas protestas estudiantiles de los años 2001 (conocida como El Mochilazo), 2002, 2005, 2006 (llamada La Revolución Pingüina), 2008, 2011, 2015 y 2016 que tuvieron como centro del reclamo reformas al sistema educativo. Son jóvenes que tienen bien claro que con este presente no tienen futuro y que con estos adultos no tienen presente. Por eso, se educan en las escuelas, pero se forman en la vía pública. Toman el espacio público, las esquinas y las plazas para copar la democracia.

Pero si bien el malestar cívico fue detonado por un hecho puntual, el reclamo rápidamente se convirtió en una interpelación al sistema democrático y al modelo de desarrollo económico (según el Banco Mundial, Chile es el 13° país más desigual de América Latina medido por el índice de Gini​ y el segundo más desigual detrás de México entre los miembros de la OCDE). Un estudio de 2019 titulado “Deuda Morosa” elaborado por la Universidad San Sebastián junto a Equifax, reveló que en Chile hay casi 4,6 millones de personas con créditos en estado de morosidad, lo que equivale al 34 % de la población mayor de 18 años. El costo de vida es alto (según “IMF World Economic Outlook, octubre 2019)” Chile es el 61° país más caro del mundo y el segundo de Latinoamérica; las pensiones son bajas y los precios de medicamentos y tratamientos de salud son elevados. Los manifestantes expresan rechazo a toda la clase política y al descrédito institucional alcanza a la Constitución (promulgada el 21 de octubre de 1980 por el régimen militar del general Augusto Pinochet). La profundidad del reclamo quedó muy bien sintetizada en un grafiti: “No son 30 pesos, son 30 años”. Treinta años de gobiernos democráticos que no supieron, pudieron o quisieron avanzar con mayor decisión en los cambios estructurales que requería un modelo de concentración que se consolidaba en beneficio de una pequeña porción de chilenos.

Otro aspecto singular de las protestas que se mantienen hasta la fecha es la ausencia de líderes, son movimientos inorgánicos que unifican de forma transversal a gran parte de la población contra un sistema y una clase política considerados como lejanos de las necesidades populares. Es de destacar también, además de la avanzada estudiantil, el protagonismo de la clase media. El actual modelo económico genera clases medias sin capacidad de ahorro, cuya permanencia en ese estrato depende exclusivamente del nivel de ingresos. Los excedentes que pudieran generarse quedan en manos de los sistemas privados de educación, salud y seguridad, servicios básicos que durante décadas brindó el Estado y que hoy tienen que ser costeados por los ciudadanos. Por lo tanto, no es casualidad que estudiantes y clase media sean los protagonistas de la profunda interpelación que sufre la democracia chilena y su modelo de desarrollo, pues son dos segmentos sociales que espían el futuro desde un presente que, sienten, los boicotea.

El plebiscito también decidirá si se le da vida a una nueva constitución, a la vez que se estará honrando la muerte de las 27 víctimas ocurridas en las decenas de movilizaciones. Dar sentido a esas muertes está en manos de la decisión que tome el pueblo chileno. Son 27 ciudadanos que no podrán discutir el texto constitucional, pero que ya han escrito su preámbulo.

En el plebiscito no se trata de dilucidar si el nuevo acuerdo social chileno surge de redactar una constitución desde páginas en blanco o recauchutando las vigentes[1], porque lo nuevo no garantiza que sea lo distinto. Lo distinto no sería escribir la Constitución más innovadora o más original. Lo distinto sería redactar una constitución que sea lo más parecida al pueblo chileno. Trazando un paralelismo, los latinoamericanos no nos identificamos con el Estado porque no tenemos estados que se nos parezcan, suele analizar el filósofo colombiano Bernardo Toro. Son estados expulsivos de la ciudadanía, sordos y ciegos a sus necesidades. El pueblo chileno ha sabido convertir la necesidad de escribir una constitución que se le parezca en una oportunidad.

¿Cómo se llegó al plebiscito?

El tema de la redacción de una nueva Constitución apareció en 2019 en varias de las protestas y en muchos de los cabildos ciudadanos que espontáneamente se generaron. Luego, diversos líderes sociales, analistas y políticos del oficialismo y de la oposición se sumaron al reclamo de crear una constitución que permitiera canalizar las demandas sociales.

Ante la presión, el presidente Sebastián Piñera abrió la posibilidad de realizar reformas estructurales al texto constitucional, aunque sin entrar en detalles de la magnitud de esos cambios ni del mecanismo para realizarlo. ​

El 7 de noviembre, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), integrada por 330 de las 345 municipalidades del país, aprobó convocar a una consulta ciudadana el mes de diciembre, donde se preguntaría a la ciudadanía si estaba de acuerdo con elaborar una nueva constitución.​ El anuncio de la consulta ciudadana obligó al gobierno a dar más precisiones y el 10 de noviembre comunicó que iniciaría un proceso para la redacción de una nueva carta magna a través del Congreso Nacional tal cual su composición vigente, bajo la denominación de Congreso Constituyente, texto que debería ser validado en un plebiscito ratificatorio.

Este anuncio tampoco conformó a la sociedad y perdió impulso. El 12 de noviembre, los catorce partidos opositores al gobierno emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de una asamblea constituyente convocada exclusivamente para la redacción de la nueva carta magna y que fuera electa en su totalidad. ​Durante el 13 y 14 de noviembre, los partidos de la coalición de Gobierno y parte de la oposición llevaron adelante negociaciones en el Congreso para lanzar un proceso constituyente y definir la forma de participación ciudadana. Se plantearon dos opciones: una asamblea constituyente completamente electa bajo el nombre de «Convención Constituyente», y una «Convención Constituyente Mixta» formada en partes iguales por parlamentarios en ejercicio y miembros electos directamente. Finalmente, el llamado «Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución» fue anunciado en la madrugada del 15 de noviembre por diversos líderes parlamentarios del oficialismo y la oposición. El 24 de diciembre el Congreso aprobó la ley que convocaba a un plebiscito para el 26 de abril, posteriormente postergado por la pandemia para el 25 de octubre del 2020, para que la ciudadanía decida si quiere una nueva constitución y en caso positivo, mediante cuál de los dos formatos de Convención.

Como un anticipo del plebiscito, la AChM realizó la consulta ciudadana el 15 de diciembre de 2019, la que contó con una alta participación, pese a no ser una consulta vinculante: casi dos millones y medio de personas votaron en la consulta (en las elecciones presidenciales de 2017 el padrón de inscriptos fue de 14.347.288 votantes) y el 92 % de ellas lo hicieron a favor de la redacción de una nueva Constitución, mientras el 71 % de los votantes favorecieron la opción de una Convención Constituyente conformada totalmente por miembros electos. Y como una reafirmación del plebiscito, las movilizaciones continúan todos los viernes en la ciudad de Santiago.

¿Cómo hacer para que el pueblo chileno redacte una Constitución que se le parezca?

Enfrentar una reforma constitucional -en tiempos de sociedades complejas y de un escenario de numerosas demandas sociales- que pueda sentar las bases de un acuerdo social que proyecte una identidad de pueblo y un futuro común de país, solo puede lograrse si la Constitución se parece al pueblo que le dará vida. Una Constitución que encarne un proyecto ético de dignidad humana construido por la sociedad como garantía para instalar un Estado de derecho (que hay parcialmente y se reclama a plenitud) y alejarse de un Estado corporativo (lo que hay y se rechaza).

Para ello, Chile tendrá que resolver los tres desafíos que plantea el proceso de reforma: una democracia desde la diversidad, una Convención Constituyente desde la convergencia, una constitución desde la configuración.

Democracia en la diversidad

El académico argentino Roberto Gargarella sostiene “que en la actualidad la ilusión de la «representación plena» ha estallado por los aires. En sociedades multiculturales como las nuestras, el objetivo de la «representación plena» enfrenta problemas irremontables. Primero, porque la sociedad no se divide en unos pocos grupos, sino en miles. Segundo, porque cada grupo es internamente muy heterogéneo («una mujer» no puede representar entonces a «todas las mujeres» ni «un indígena» a «todos los indígenas»). Tercero, porque cada persona es miles de personas al mismo tiempo: nadie se reconoce a sí mismo solo como «comerciante» o «izquierdista» o «gay». Cada uno define su identidad a partir de múltiples identidades. El sistema representativo aparece entonces como un «traje chico» que estalla por todas partes: resulta estructuralmente incapaz de cumplir con el sueño representativo”. Si bien las sociedades latinoamericanas siempre fueron multiculturales, nunca como en esta época, esa diversidad buscó hacerse presente y manifiesta.

Está claro entonces que los miembros del Congreso representan una porción de la diversidad de la sociedad, pero no lo suficientemente abarcativa para cubrir la amplitud de segmentos y sectores sociales que garanticen que la nueva Constitución sea pensada y discutida por la masa crítica necesaria para representar a la más amplia diversidad. Esto ha sido interpretado en la consulta realizada en diciembre pasado y por ello casi tres cuartos de los votantes optaron por conformar una Convención que sea integrada en su totalidad por miembros votados para la ocasión. Incluso, tal vez, aumentando la incertidumbre de una mejor representatividad en pos de una mayor credibilidad.

Pero ello, si bien resuelve el problema de quiénes sancionarán la Constitución, no soluciona el dilema de quiénes definen su contenido. Se necesita para ello mucho más que un plebiscito y una elección de constituyentes. Se requiere una arquitectura cívica que haga llegar a la Convención Constituyente la totalidad de la diversidad de intereses en pugna para que luego los convencionales arriben a las síntesis de contradicciones que darán a luz una Constitución que responda a una democracia en la diversidad.

Esto obliga a la sociedad civil a montar un marco de diálogo cívico que asegure que cada ciudadano que quiera aportar al contenido de la nueva carta magna pueda hacerlo. Diseñar un sistema de audiencias públicas presenciales a lo largo (esta es la parte difícil) y a lo ancho (esta es la parte fácil) del país, combinado con un sistema digital de consultas que recojan los aportes de todos sus habitantes, donde un equipo de referentes insospechados de parcialidad los edite de manera ordenada y sistematizada y los presente a la Convención Constituyente para que formen parte de los insumos con los cuales se redactará el texto final. Las manifestaciones que unieron a la diversidad de chilenos en un reclamo que derivó en la reforma constitucional, tienen que mutar ahora a un formato de audiencias públicas y consultas virtuales, a un diálogo nacional institucionalizado que potencie la diversidad de contenidos y que las más amplias expresiones de la sociedad terminen aportando a esa Constitución para que realmente se parezca a la totalidad del pueblo y no al totalitarismo de unos pocos.

Hay organizaciones de la sociedad civil de vasta trayectoria en el plano nacional y regional que pueden ayudar al pueblo chileno a estructurar los diálogos en diversos formatos (como por ejemplo las citadas audiencias públicas o consultas digitales) y darle el marco de organicidad necesaria para que el elemento distintivo entre la Constitución de 1980 y la que se termine promulgando, sea la síntesis de la diversidad y no una diversidad sintetizada. “Es en este complejo campo de conjunciones, donde Fundación Avina pone a disposición su trayectoria y recursos para facilitar diálogos, que no por ser incómodos, serán fundamentales en la construcción de un nuevo acuerdo social”, señala Leonardo Moreno, responsable de Fundación Avina en Chile.

Convención Constituyente desde la convergencia

Tanto la Convención Constituyente como el proceso de diálogo nacional que recoja la diversidad de propuestas de los ciudadanos tienen que manejar las cuatro categorías necesarias para poder construir visiones comunes y poder arribar a una agenda colectiva. Dentro de espacios colectivos de diversidad, se necesitan facilitadores y referentes que sean capaces de manejar la construcción de consensos, la gestión de disensos, la generación de síntesis de contradicciones y la elaboración de convergencias.

La construcción de consensos exige estar de acuerdo en el fondo del tema y en la forma, en el objetivo a ser alcanzado y en la estrategia para llegar a él. Por lo general, los consensos se alcanzan en espacio colectivos más o menos homogéneos, donde la diversidad es acotada. ¿Qué pasa entonces cuando no se alcanza el consenso y surgen disensos?

La gestión de disensos obliga a trabajar el tema fuera del espacio colectivo, para que un grupo reducido pueda evaluarlo y proponerle al colectivo un esquema de trabajo para convertir a esa diferencia o bien en síntesis de contradicciones, o bien en convergencia.

La generación de síntesis de contradicciones es analizar un tema y poder definir hasta qué punto las contradicciones pueden ser superadas y hasta dónde no. Ese punto de inflexión se denomina síntesis de contradicciones, es el punto donde la diversidad confluye. Más allá de ese punto, cada uno mantiene su posición. La síntesis de contradicciones es el lugar hasta donde un grupo diverso puede mantenerse unido, puede avanzar junto, es la agenda común posible.

La elaboración de convergencias consiste en ponerse de acuerdo en un contenido u objetivo pero que cada uno converja desde su propio abordaje o estrategia. A diferencia del consenso que obliga a coincidencias totales, en la convergencia, se coincide en la meta, pero cada uno llega a ella por su propio camino, es decir, la diversidad de enfoques o estrategias convergen en un mismo punto. En espacios colectivos heterogéneos, donde el consenso es complejo de lograr, la convergencia se ajusta mucho más a la posibilidad de construir acuerdos.

Administrar estas cuatro categorías de gestión de diferencias y construcción de acuerdos exige en quienes faciliten las audiencias públicas o los espacios de consulta virtuales una adiestrada capacidad de manejo de grupos, desapego de la posición propia, empatía con el distinto y un alto poder de conceptualización y gran velocidad para categorizar los contenidos.

Constitución desde la configuración

Como fue dicho, en sociedades de gran diversidad, de múltiples intereses y cosmovisiones, pretender acordar una Constitución estrictamente desde los consensos se torna prácticamente imposible dado que lograrlos requiere acuerdos de fondo y de forma, de contenido y de redacción que son muy difíciles de alcanzar.

Para poder construir el nuevo texto constitucional que incluya los diversos enfoques se puede recurrir a la metodología de la configuración. Miller y Friesen (1977, 1978), expertos en teoría organizacional, mostraron que es posible que convivan diversas estructuras exitosas dentro de un entorno homogéneo. Estos estudios permitieron pasar de la convicción que sostenía que frente a un contexto solo existe una forma de solución óptima y evolucionar hacia el enfoque de las múltiples soluciones posibles. El enfoque configuracional, aplicado a un proceso social como lo es una reforma constitucional, intenta integrar las posturas contrastantes de los paradigmas aceptados y puede permitir que, de los contrastes, surjan los nuevos paradigmas. Se reconoce que cada uno de los aportes enfatiza una determinada «fuerza clave». El enfoque de configuración argumenta que lo que realmente ocurre es una interacción entre todas las «fuerzas clave» que dan como resultado una gama de configuraciones de posibles alternativas. No hay una lista dada de fuerzas clave. La cultura, la ideología, los grupos, los procesos, la estructura organizativa y las estrategias son ejemplos de fuerzas clave utilizados en los estudios de configuración y también son parte constitutiva de un texto constitucional, porque una constitución es en definitiva una estructura organizacional donde se deberá gestionar las fuerzas clave que surgen de la diversidad de pensamientos para generar configuraciones alternativas que, en un entorno homogéneo, puedan organizarse y convivir.

Para generar configuraciones es necesario tener claros ciertos supuestos básicos: 1) desarrollar marcos multivariados y adoptar una perspectiva holística; 2) sostener que los elementos en sus marcos interactúan para formar totalidades, y 3) reconocer que hay múltiples configuraciones posibles para un contexto, pero solo un número restringido de estas configuraciones son viables, lo que puede definirse como equifinalidad (equi: igual, finalidad).

Un primer rasgo distintivo de la metodología de configuración es el reconocimiento de la importancia de la diversidad y la adopción de un enfoque holístico para vincular los factores clave que sintetizan esa diversidad. Esto implica que «el orden surge de la interacción de las partes como un todo” (Meyer et al 1993). La perspectiva holística es fundamental para considerar a la Constitución como la arquitectura social del todo; comprender la interacción de la diversidad para poder configurar el proceso constructivo del texto; poder comprender las varias configuraciones del texto para lograr la sintaxis desde la selección inclusiva; y, finalmente, recurrir a las reconceptualizaciones necesarias para interpretar los supuestos de las nuevas generaciones y de los nuevos paradigmas.

El segundo supuesto, remite al vínculo entre los elementos. La noción de configuraciones se ha definido como «constelaciones estrechas de elementos que se apoyan mutuamente […] juntos forman un sistema cohesivo» (Miller 1986). Otra definición establece: «las partes de una entidad social toman su significado del todo y no pueden entenderse de manera aislada» (Meyer et al 1993). Estas definiciones muestran que una configuración va más allá de la suma de los elementos individuales que la constituyen, refieren a una particular constitución armónica entre los elementos.

El tercer supuesto del enfoque configuracional, es reconocer la equifinalidad. Al definir la equifinalidad, Katz y Kahn (1978) afirman que «un sistema puede alcanzar el mismo estado final a partir de diferentes condiciones iniciales y por una variedad de caminos”. Doty et al (1993) resumen que la equifinalidad es «la premisa de que múltiples formas organizativas son igualmente efectivas». Meyer et al (1993) reconoce que «hay más de una forma de tener éxito en cada tipo de entorno». Este último aspecto es fundamental para poder avanzar con el modelo configuracional en el entorno en el que se plantea el proceso de reforma constitucional en Chile, un contexto interpelado, movilizado, con tomadores de decisión deslegitimados y con referentes emergentes de gran diversidad e independientes de las estructuras tradicionales de poder.

Finalmente, debe abordarse la noción del principio de coherencia. Siguiendo el supuesto de equifinalidad, Miller (1986) argumenta que «solo hay un número limitado de posibles estrategias y estructuras factibles en cualquier tipo de entorno […]». Nickerson y Zenger (2002) sostienen que la elección de la estructura organizacional se rige por la conjetura de que todos los elementos son complementarios y que todos los elementos de la estructura (formales e informales) deben existir sin conflicto. Por lo tanto, las configuraciones no dan como resultado un conjunto infinito de opciones, sino que solo se pueden clasificar en un pequeño número de tipos”.

Volviendo al proceso constituyente chileno, claramente se realizará en un entorno inestable y por ello, tal vez por primera vez en la historia, el contexto social será más determinante en la definición de un texto constitucional que el saber sociopolítico-jurídico y esto obligará a los asambleístas a tener que considerar una variedad de abordajes para llegar a las redacciones finales de los artículos, lo que en términos del enfoque configuracional se asemeja a la necesidad de construir acuerdos desde la convergencia.

En otras palabras, el modelo configuracional permite operar en un contexto de diversidad volátil las convergencias -equifinalidades- necesarias para arribar a la nueva constitución.

El proceso constituyente

Volviendo a la pregunta de qué debería hacer Chile para dar a luz una constitución que se le parezca, podemos sintetizar la respuesta en tres pasos concretos:

Paso 1: una democracia desde la diversidad que creando los espacios de diálogo y aporte de propuestas debidamente diseñados, gestionados y formalizados permitan recoger la diversidad de intereses de la sociedad, editarlos, sistematizarlos y categorizarlos en una serie de ideas fuerza y entregarlos a la Convención Constituyente (mixta o no) como un insumo a ser considerado en la redacción final de la Constitución

Paso 2: una Convención Constituyente desde la convergencia, que permita llegar a la redacción final de cada artículo no desde el corsé del consenso sino, desde la amplitud de la diversidad de cosmovisiones reflejadas en síntesis incluyentes, considerando el criterio establecido respecto a que los contenidos de la nueva constitución deben ser alcanzados con una mayoría de los tres cuartos de los asambleístas como un desafío y no como una limitante.

Paso 3: una Constitución desde la configuración, que le permita a los constituyentes responder al particular contexto cívico-social que será el marco de la convención para que la nueva carta magna se convierta en una arquitectura social holística, donde la retórica genere y surja de un proceso, se configure una restricción inclusiva y reconceptualice los nuevos paradigmas desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

El pueblo chileno está frente al gran desafío de tener que resolver adecuadamente la forma de llegar a una nueva Constitución que interrelacione múltiples factores de manera compleja e integral en un contexto de conmoción profunda y sostenida. Y deberá hacerlo con inteligencia si quiere arribar a una reforma constitucional que en su forma de ser concebida también se parezca a la identidad del pueblo chileno, porque en materia constitucional, lo que no reforma, deforma.