Por qué es un error hablar de “guerra” para explicar la pandemia

Un helicóptero del Ejército sobrevuela la provincia de Buenos Aires durante la pandemia del coronavirus (Matías Arbotto)

En ocasión de la crisis de salud pública global que estamos enfrentando, es habitual que, en el discurso público global, se asimile a la pandemia del coronavirus a un estado de emergencia equivalente una guerra.

La metáfora bélica es vívida: trasmite un mensaje claro sobre la dimensión del riesgo sanitario que nos acecha. Como explica Constanza Musu en The Conversation, como en las guerras, en la crisis de salud pública global, es fácil identificar al enemigo (el virus), una estrategia (primero, aplanar la curva y salvar vidas; más tarde, salvar a la economía y salvar vidas, también), heroínas y héroes (trabajadoras y trabajadores de la salud).

Ahora bien, esta metáfora es tan vívida que, con la excusa del combate al coronavirus y la emergencia, en algunos países, los gobernantes han obtenido poder ilimitado y han restringido la libertad de expresión. Como explica Ian Beacock en The New Republic, la retórica de la guerra no empodera políticamente, más bien, exige acatamiento de las órdenes: no hay nada que explicar a la ciudadanía.

Por ello, en las democracias constitucionales liberales, deberíamos evitar este lenguaje bélico, que oscurece el compromiso de las sociedades democráticas con la igualdad moral y política de todos los seres humanos. En cambio, podríamos explicar las medidas de promoción y protección de la salud pública en términos de derechos e instituciones en una sociedad democrática.

Según el filósofo del derecho Ronald Dworkin, las instituciones políticas y sociales deben tratar con igual consideración y respeto a todas las personas, que tienen igual dignidad. Este principio es el fundamento de la carta de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y en las constituciones liberales y democráticas – la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la protesta, la libertad de asociación, la libertad de culto, el derecho a la salud, a la vivienda digna, al ambiente sano, entre otros -.

Así, la obligación del gobierno de respetar los derechos humanos es una precondición para que el derecho a gobernar de la mayoría en la democracia sea legítimo. A su vez, el filósofo Joseph Raz sostiene que la protección de estos derechos promueve bienes colectivos valiosos como el carácter abierto y tolerante de las sociedades democráticas. Por ejemplo, la libertad de pedir explicaciones al gobierno por sus decisiones es una dimensión fundamental de la libertad de expresión y de la cultura pública liberal de la democracia.

Ante circunstancias excepcionales tales como un desastre natural o una emergencia de salud pública como la que estamos transitando, con el fin de prevenir daños, el derecho constitucional en las democracias liberales constitucionales contempla procedimientos para la restricción derechos individuales. Estas restricciones deben ser excepcionales, proporcionales a los fines legítimos que se quieran promover y sujetas a límites temporales. Por ello, partiendo de esa base, la Organización Mundial de la Salud ha subrayado la importancia de tener en cuenta los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que “cualquier limitación a los derechos humanos debe estar en conformidad con la ley, basarse en un objetivo legítimo, ser estrictamente necesaria en una sociedad democrática, constituir el medio menos restrictivo e intruso de que se dispone; y no ser arbitraria, absurda o discriminada”. En la misma línea, el Reglamento Sanitario Internacional, un acuerdo internacional del que son parte los 196 países miembros de la Organización Mundial de la Salud, establece que las medidas que tomen los estados para proteger la salud pública deben estar basadas en evidencia científica y deben ser proporcionales a los riesgos involucrados.

Esta forma de entender los derechos, instituciones, la facultad del gobierno de promover el bien común y las restricciones al uso de la coerción estatal no es otra cosa que el Estado de derecho. El discurso público sobre la pandemia y sobre cómo la enfrentamos como sociedad es importante. La metáfora bélica abre la puerta al uso arbitrario del monopolio de la coerción estatal. No estamos en guerra. Al explicar cómo enfrentan la pandemia las democracias liberales, podemos reafirmar nuestros compromisos con los valores democráticos de los derechos humanos.

El autor es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella