La Coalición de los Vulnerables

Los costos y los impactos negativos de la aplicación del régimen internacional se han distribuido en el mundo de manera desigual. Las repercusiones negativas del narcotráfico y la política para hacerle frente, han recaído especialmente en los países productores y de tránsito. En estos lugares la debilidad institucional y la limitada presencia estatal ha sido agravada por intervenciones que han privilegiado la represión del mercado de drogas, sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos.

En esto no solo han tenido responsabilidad los países consumidores que han impulsado un enfoque decididamente represivo para interrumpir la producción y el tránsito de drogas, sino elites políticas, fuerzas del orden locales y autoridades para quienes la estrategia represiva ha resultado funcional.

En la escena internacional el régimen de control de drogas ha sido aplicado de manera asimétrica. Mientras que los países más desarrollados han tenido flexibilidad para interpretar sus compromisos, en la periferia los tratados de fiscalización de droga han sido camisas de fuerza con una talla única para todos. Lo primeros han contado con mayores niveles de autonomía, determinado hacia donde van los recursos de cooperación y transferido los costos de la lucha contras las drogas a los países con menores niveles de desarrollo. En cambio en África, Latinoamérica, el Caribe y más de una decenas de países en Asia, la política de droga ha sido dictada desde afuera, con múltiples consecuencias negativas en el ámbito de la salud y los derechos humanos.

Mientras que esto ocurre, el negocio de las drogas ilegales ha ido floreciendo, con unos pocos ganadores. Aquellos que obtienen beneficios jugosos de este emporio ilegal y que gozan de lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de distinto tipo. Un puñado de criminales que logran insertarse en las clases pudientes que suelen dar la bienvenida a los "nuevos ricos". Los políticos corruptos que aprovechan los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad. Además de las burocracias creadas para "luchar" contra este flagelo. Entre tanto, los perdedores de las políticas antinarcóticos se encuentran en todas partes, en todas las edades, clases, géneros y culturas.

Pero no todos los sectores han sido igualmente vulnerables. Los impactos negativos del narcotráfico y las políticas de drogas han recaído especialmente en campesinos y trabajadores temporales que se vinculan al cultivo; indígenas y pobres rurales que se encuentran bajo la presión de los grupos armados ilegales y la ofensiva del Estado; los correos humanos cargados con drogas para ser traslados a los polos de demanda; los habitantes de los barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales; y tantos otros que constituyen el eslabón más débil de una extensa cadena. La estigmatización, la restricción de derechos fundamentales, así como el uso y abuso de la fuerza contra estos grupos poblacionales ha sido la regla.

Por definición se asume que toda política punitiva genera efectos indeseados. Los defensores del modelo anti-drogas vigente han afirmado que la aplicación de ciertas medidas conlleva a imponderables y acarrea costos inesperados. Por lo general, se entiende que los tomadores de decisión no diseñan o aplican políticas deliberadamente nocivas o implementan acciones con una intencionalidad negativa prefigurada. Pero las políticas de drogas han ido en contra de esta premisa, con decisiones que aún con sus derivaciones indeseables, siguen siendo tomadas. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia impensada sino de convencimiento político, una habituación a que los daños son inevitables. Bajo esa lógica, la prohibición resulta inmodificable.

En este contexto, en diversos ámbitos nacionales e internacionales un abanico de voces —conservadores políticos, liberales económicos, progresistas sociales, libertarios filosóficos, reformistas legales y radicales ideológicos— se expresan ciertamente en contra de las políticas antidrogas actuales. Estas voces tienen ante sí una oportunidad de articularse en torno al Periodo Especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), para demandar márgenes de autonomía que permitan aplicar políticas más razonables y humanas. Este es el momento de exigir un debate, abierto, franco y realista que acepte que para obtener medidas sostenibles de largo plazo es necesario modificar varias políticas actuales.

La consigna: El énfasis de las políticas en torno a las drogas  —y aun más allá de ellas— no debe localizarse en la sustancia propiamente dicha sino que debe colocarse en la ciudadanía, su bienestar, cohesión y convivencia en el marco de sistemas genuinamente democráticos.

(*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina)

Juan Carlos Garzón Vergara es Global Fellow del Woodrow Wilson Center (Washington DC) e investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (Colombia) @JCGarzonVergara