FIFA: ¿justicia global o geopolítica del fútbol?

Hace poco más de una semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública una acusación contra catorce personas ante un tribunal federal de Brooklyn. Sobre la base de estas actuaciones se solicitó la detención y extradición a los Estados Unidos de distintas personas, entre ellas directivos y ex directivos de FIFA.

Dada la sensación extendida acerca de la corrupción "rampante, sistémica y arraigada" que impera en la FIFA, esta investigación ha sido en general muy bien recibida por la opinión pública mundial. Este optimismo es ciertamente justificado. Hasta ahora la FIFA parecía funcionar sujeta únicamente a sus propias reglas, necesidades e intereses. Que se llame a rendir cuentas a dirigentes y empresarios de ese nivel tiene un enorme peso simbólico. Sin embargo, conviene poner de relieve algunos matices importantes.

Un rasgo que vale la pena precisar es el fundamento jurídico de la autoridad de los Estados Unidos para enjuiciar estas conductas. Se ha instalado la percepción de que se trata de una instancia de la globalización de la justicia penal. Así, se podría ver esta investigación como la actuación de un Estado en representación de los intereses de la comunidad internacional, como pudo haber sido en su momento la detención de Pinochet en el Reino Unido.

Sin embargo, este caso es totalmente diferente y no sólo por el tipo de conductas investigadas. No se trata de un Estado velando por la vigencia de normas penales internacionales (como la prohibición de la tortura) ni actuando sobre la base de un tratado internacional. Se trata de un Estado persiguiendo conductas consideradas delictivas con arreglo a sus propias leyes, esto es, basándose en lo que percibe como el ámbito de incumbencia de su propio sistema jurídico y, en última instancia, de los intereses de sus propios ciudadanos.

Este rasgo es importante por distintos motivos. Por un lado, parece una condición de posibilidad de la actuación de la justicia penal ante este tipo de actores. Sólo un país con ese nivel de recursos, capacidad de investigación y peso político podría abordar en forma eficaz una investigación de estas características. Además, los Estados Unidos cuentan con la ventaja de que allí el fútbol no es políticamente importante, y por consiguiente la FIFA carece de buena parte de la capacidad de presión de que disfruta en otros países.

Por otro lado, la justicia estadounidense ha sido muchas veces criticada por tener un brazo excesivamente largo y por emplearlo en función de sus propios intereses geopolíticos o económicos. Si bien es cierto que, con excepción de algunos hechos vinculados con la votación de la sede del Mundial de Sudáfrica, los hechos materia de investigación en los Estados Unidos tienen que ver con operaciones relativas al continente americano, casi ninguno de ellos parece concernir específicamente a los Estados Unidos ni a sus ciudadanos. El principal nexo estaría dado por el hecho de que de allí habrían salido, habrían llegado, o simplemente habrían transitado los fondos en ellas empleados. Dada la importancia del sistema bancario estadounidense y del dólar en la economía mundial este vínculo parece bastante tenue.

Esto no es un problema desde el punto de vista jurídico. Hay suficiente consenso de que el derecho internacional habilita, con matices, a los Estados a enjuiciar conductas que ocurren parcialmente, o cuyos efectos tienen lugar en su territorio. El problema es que este rasgo podría socavar la legitimidad de estos procesos en la medida en que se perciban como una mera avanzada en procura de objetivos puramente geopolíticos. Las detenciones "espectaculares" en Zurich realizadas pocos días antes de las elecciones presidenciales en FIFA muestran una clara intencionalidad política. En definitiva, Blatter tiene conocidos vínculos con Vladimir Putin y la próxima copa del mundo se organizará -luego de una votación sospechada- en Rusia, quizá el principal antagonista del liderazgo global de los Estados Unidos en estos momentos.

En otras palabras, esta investigación sólo podría enviar un fuerte mensaje de transparencia al mundo del fútbol en la medida en que sea percibida como imparcial y creíble por buena parte de la comunidad internacional. Sus efectos también dependerán de que otros Estados asuman la responsabilidad de investigar. El hecho de que Suiza, país sede de FIFA y muchas veces refractario a mirar lo que ocurre dentro de sus fronteras, haya decidido investigar la elección de las sedes de los mundiales 2018 y 2022 parecería ser una buena señal. Pero habrá que ver qué suerte corren las extradiciones.

Por su parte, las investigaciones abiertas en la Argentina podrán dar lugar a procesos penales genuinos o ser utilizadas para evitar la extradición de los imputados argentinos a los Estados Unidos. El destino de estas investigaciones parece estar de algún modo ligado a lo que ocurra ante los tribunales estadounidenses. Por ello, la cuestión será ver si existe la intensión real de promover mayor transparencia, o solamente se aspira a cambiar el signo político de la organización.

(*) Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Conicet