Malas ideas, peores políticas

Estos últimos días tomó debate público la propuesta del dirigente bonaerense Mario Ishii de restaurar el Servicio Militar Obligatorio, para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. En el diagnóstico del ex intendente de José C. Paz, desde la eliminacióndel Servicio Militar Obligatorio la inseguridad empeoró. La idea de Ishii tiene su antecedente en un programa implementado en Mendoza durante la gobernación de Julio Cobos llamado "Servicio Cívico Voluntario". Este preveía que los jóvenes marginados del sistema educativo y del mercado de trabajo realizaran cursos de capacitación laboral en cuarteles militares. La iniciativa, según Cobos, tenía como objetivo la reinserción laboral de "miles de jóvenes que están expuestos a los peligros del alcohol, las drogas, el delito y la marginalidad".

La propuesta de Ishii recibió numerosas críticas y rechazos tanto de dirigentes oficialistas como opositores, quienes la consideraron un retroceso social y una estigmatización de los grupos más vulnerables. Sin embargo, pocas voces denunciaron la principal falencia del servicio militar para evitar la criminalidad: su total ineficacia.

Quienes apoyan la reforma del Código Penal o se oponen a la restauración del servicio militar suelen ser atacados por una supuesta falta de realismo y un excesivo academicismo ante el problema de la inseguridad. En términos conurbanenses: les falta calle. Sin embargo, existen importantes estudios académicos que echan luz sobre las consecuencias de determinadas políticas públicas y nos acercan a la verdad de la milanesa en materia de inseguridad.

Es el caso de la investigación de Sebastián Galiani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky "Conscription and Crime: Evidence from the Argentine Draft Lottery". La hipótesis de estos investigadores indagaba si la realización del servicio militar obligatorio aumentaba o reducía la posibilidad de involucrarse posteriormente en actividades criminales.

Para responder dicha pregunta, contrastaron un listado de todos los hombres que participaron en procesos de justicia criminal con los números de identificación que fueron seleccionados para el servicio militar en cada año desde 1927 a 1975. Analizaron si la proporción de ex conscriptos involucrados en causas penales era mayor, menor o igual a los que se habían sacado número bajo.

Para sorpresa de quienes apoyan la vuelta de la colimba el estudio mostró que aquellos jóvenes que realizaron el servicio militar tuvieron una probabilidad 4% mayor de desarrollar posteriormente un prontuario criminal. A su vez, el trabajo destacó que dicho efecto negativo fue mayor para quienes realizaron dos años de conscripción en la marina. Además, resaltaron que existe evidencia de que el servicio militar puede tener un impacto negativo sobre el desempeño en el mercado de trabajo formal. Como conclusión de la investigación, los autores sostuvieron que el servicio militar es una mala idea para combatir la inseguridad.

La principal enseñanza que nos deja el estudio de Galiani, Rossi y Schargrodsky es sobre la necesidad de indagar y evaluar qué resultados e impactos sociales tienen las políticas publicas que aplican los gobiernos.

La evaluación de un programa o de un política está destinada a preguntarse cómo está funcionando aquello que hace el Estado. A medir su efectividad y analizar a quién benefició, a quién perjudicó o qué efectos involuntarios causó en la población comprendida. Un análisis que mida los efectos y las consecuencias de las intervenciones públicas no solo supone la capacidad de corregir, potenciar y mejorar políticas ya implementadas, sino que también nos ayuda a no cometer viejos errores. En los últimos años el gobierno nacional realizó avances importantes estudiando los impactos de sus políticas públicas. En este marco, se destacan las investigaciones en el "Programa Conectar Igualdad" del ANSES y el Ministerio de Educación, en los planes "NACER" y "REMEDIAR" del Ministerio de Salud o los estudios sobre el Programa de Inserción Laboral y de Entrenamiento para el Trabajo del Ministerio de Trabajo.

A su vez, en el año 2012, el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina creó el Programa de Evaluación de Políticas Públicas con la finalidad institucionalizar la evaluación en la Administración Pública de forma de que sirva a mejorar las capacidades estatales y la calidad de la toma de decisiones en el sector público. No obstante, a nivel provincial y municipal aún hay mucho camino por recorrer en materia de evaluación de políticas públicas. Es en esta dimensión y nivel de gobierno donde se desarrollan la mayoría de las políticas sociales, educativas, sanitarias y de seguridad.Muchos nos preguntamos: ¿Cuánto evitan los delitos las cámaras de seguridad? ¿Crear orquestas juveniles en colegios disminuye la violencia entre los chicos?¿Subir las multas de tránsito disminuye los accidentes? Estas y otras preguntas merecen ser contestadas. Para eso necesitamos profesionalizar las burocracias públicas mejorando su capitación, incorporando nuevas tecnologías de gestión y creando una fuerte cultura de la evaluación que saque al Estado de su cómoda rutina.

La evaluación de políticas públicas no suplanta la discusión ideológica. El debate y la confrontación de ideas, de visiones del mundo, nos permite vivir en una sociedad plural y en una democracia plena. Esa evaluación la realiza el pueblo cada vez que vota, es única e irremplazable. Sin embargo, si contamos con información rigurosa sobre los resultados de las políticas que llevan adelante los gobiernos podremos tener un debate más rico y productivo respecto al tipo de sociedad que queremos construir. Evitaremos así, la superpoblación de propuestas políticas tan marketineras como ineficaces. Esas que seguro no le mejoran la vida a la gente.

Por Andrés Gilio