El problema Malvinas es como una ecuación de dos miembros: política argentina y política británica. No sirve aclarar uno solo. Los cambios en la arquitectura constitucional e institucional del Reino Unido tras la coalición que debió gobernar desde 2010 y que con una nueva formulación, habida cuenta del resultado del 7 de mayo, determinarán aquello que hagan los británicos respecto a las islas. El status quo es la situación preferida por el “establishment al no generar costos políticos. Pero el achicamiento económico británico que lleva a  dificultades fiscales (déficit 4% del PBI con deuda publica que los conservadores llevaron a un 90%) seguramente forzará una reformulación dado que, por ejemplo, la Royal Navy no tiene, ni tendrá, portaviones operativos por 7 años por lo menos. Complica el tema que los isleños son blancos y anglosajones. Pero la opinión británicas está comenzando a virar según se manifiesta en las opiniones de los medios, antes opuestos a todo arreglo.

Por el lado argentino se insiste en la táctica seguida desde los años sesenta: se recurre machaconamente a la ONU, se buscan apoyos políticos regionales o se insiste en disquisiciones legales que caen en oídos sordos. Los británicos usan otro paradigma jurídico. Argentina no atina a pergeñar una estrategia que lleve a la negociación. Hay posturas intermedias como formas de soberanía compartida y la integración teniendo en cuenta la sugerente opinión de Lord Shackleton el más reconocido especialista en la economía de las islas: “no son factibles sin integración a la argentina pero el problema es su pronunciado anti-argentinismo”, publicada en Clarín hace ya 32 años.  Complica todo el problema de credibilidad de la Argentina, un país visto como díscolo, cuyas fuerzas armadas carecen de  capacidad operativa en el Atlántico Sur aquejado, además, por crisis político-económicas recurrentes.  

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