Presentación del curso
Los conflictos colectivos plantean un gran desafío al derecho procesal, al sistema de administración de justicia en general y al propio sistema político de división de funciones. La discusión de este tipo de conflictos ante el Poder Judicial pone en jaque los postulados tradicionales que sirven de base a esas tres dimensiones y nos exige discutir y repensar sus premisas, metodologías de análisis e instrumentos de abordaje para poder obtener soluciones efectivas y eficientes en la materia.
El tipo de mecanismo de discusión regulado en nuestros códigos procesales y las estructuras de administración y gestión de nuestros despachos judiciales (ambos pensados y diagramados para atender conflictos individuales y principalmente patrimoniales) han demostrado ser un insuficientes e inadecuados para enfrentar la resolución de conflictos colectivos. Ello sucede porque, como veremos a lo largo del curso, estos conflictos involucran grandes números de personas y su procesamiento, resolución y eventual implementación por el Poder Judicial implica fuertes derivaciones sociales, económicas y políticas.
En la República Argentina los ejemplos paradigmáticos de este tipo de conflictos se encuentran en el campo de las relaciones de consumo y la tutela del ambiente. Sin embargo, la problemática es mucho más amplia ya que involucra, en términos generales, el derecho humano de acceso a la justicia y con ello, muchas veces, el acceso al diálogo institucional de diversos grupos afectados en sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos que no encuentran respuestas en las otras áreas del Estado.
Podemos encontrar algunos antecedentes sobre el tema en decisiones judiciales aisladas que datan de los primeros años desde la vuelta a la democracia en 1983. Sin embargo, su desarrollo comenzó a profundizarse desde el año 1994 con motivo de la consagración de la garantía de debido proceso colectivo en el art. 43 de la Constitución Nacional, y luego se disparó exponencialmente a partir de comienzos del año 2009 debido a la sentencia de la CSJN en la causa “Halabi” (carta de ciudadanía de la acción colectiva para la tutela de derechos individuales homogéneos). La evolución del tema llevó a los tribunales a involucrarse también en el control de constitucionalidad de políticas públicas y a desarrollar criterios que implican un involucramiento del Poder Judicial en la marcha cotidiana de la administración pública.
