La medida fue una buena noticia para quienes desde distintos ámbitos vienen reclamando que la educación no se convierta en una caja de resonancia de la política y que los docentes, más allá de su formación y elección política, transmitan contenidos sin impartir su propia ideología, ni en un sentido ni en otro, sin importar sus orientaciones o creencias.

Finalmente, el Gobierno nacional decidió avanzar en una medida que seguramente, así como es celebrada por muchos, recibirá sus críticas. Por medio del Boletín Oficial, el Gobierno publicó dos decretos para garantizar una cierta neutralidad política. Por un lado, prohibió la exhibición de referencias en edificios del Estado y, por el otro, modificó una ley para apuntar contra la imposición de pensamientos en la niñez, principalmente en el ámbito educativo. Los alcances de este decreto, sin embargo, no se limitarían a las escuelas, sino que el Gobierno pretende incluir a la educación superior en esta medida. Y es allí donde esta decisión podría generar más controversias.

Claudia Romero es una de las especialistas en Educación que desde hace años viene cuestionando el uso político y el adoctrinamiento en las aulas. “La protección de los alumnos contra la propaganda política en las escuelas es esencial y la Argentina no tenía una suficiente cobertura legal al respecto como sí [lo tienen] otros países, de manera que estos son pasos importantes siempre que se vele por su cumplimiento”, dijo, al ser consultada por LA NACION.

Mediante el decreto 1086/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial se modificó la reglamentación de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2006. En esta ocasión, el Gobierno agregó un párrafo al artículo 9, en el cual afirma: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”.

También añadió una parte al artículo 15 de la reglamentación, en el cual se expresa: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la educación, conforme los términos del artículo que se reglamenta”.

Por último, al artículo 19 sumó: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes, conforme los términos de los incisos a) y b) del artículo que se reglamenta, así como su libertad de conciencia”.

Sin embargo, la modificación no prevé qué sanción le podría corresponder a quien infrinja la norma.

“Hay modos más groseros y más sutiles de la propaganda. Está la bajada de línea directa y brutal como el de aquella profesora de La Matanza que agrede y humilla a un estudiante porque se animó a refutar su panfleto kirchnerista. Pero también hay otras formas que están naturalizadas, por ejemplo en los libros o materiales que reparten en las escuelas los gobiernos nacional y provincial, donde los funcionarios ponen sus nombres en la primera página, lo cual es un exceso”, dijo Romero.

Y agregó: “En Brasil, por ejemplo eso está prohibido. Otra forma: los funcionarios se sacan fotos con niños en las escuelas, generalmente pobres, entregándoles computadoras o cualquier otra cosa, que luego suben a sus redes, otra vez eso vulnera derechos. Ningún niño debe ser utilizado para que un funcionario se promocione aprovechándose justamente de su vulnerabilidad. Hay que poner un límite legal a esos abusos también”.

Educación universitaria

El subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez, se refirió a la medida desde su cuenta de X. Además de citar el texto del Boletín Oficial, ante la consulta de otro usuario de la red social, agregó que esta norma regirá también para la educación universitaria.

“Desde hoy, por decreto del Presidente @JMilei, el adoctrinamiento en educación está tipificado”, dijo. Y citó: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepa) dijo que desde el ente que nuclea a los colegios privados valoran y apoyan toda iniciativa que fortalezca la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“En este sentido, las modificaciones introducidas al reglamento de la Ley 26.061 mediante el Decreto 1086/2024 hacen explícito lo que de forma general se infiere de la convención y la normativa nacional. Se busca que el ámbito educativo se mantenga como un espacio neutral, plural y respetuoso de la libertad de los estudiantes para generar un pensamiento propio”, señaló.

“Sabemos que la gestión de los sistemas educativos y el aula, por parte de funcionarios, docentes y directivos importa grados diversos de decisiones de política educativa; y que algunas decisiones podrían tener una lectura política. De cualquier manera, la reforma del Poder Ejecutivo nacional es clara en el sentido que, en la escuela, la política partidaria no debe ser factor de promoción o imposición”, agregó Zurita.

Entre los argumentos del decreto se señala: “A través del artículo 126 de la Ley N° 26.206 se establece que los alumnos tienen derecho, entre otros, a ser respetados en su libertad de conciencia y a ser protegidos contra toda agresión psicológica. Los derechos enumerados precedentemente resultan vulnerados especialmente cuando en el ámbito educativo se pretende efectuar un adoctrinamiento político de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo una manera de pensar y/o actuar político partidaria, lo que constituye un trato que afecta la dignidad, la integridad moral y la libertad de pensamiento. Es deber del Estado Nacional asegurar el máximo goce de los derechos humanos, garantizando en la mayor medida posible el normal desarrollo de la vida personal de cada niño, niña y adolescente sin que sufran injerencias externas que afecten el pleno goce de sus derechos”.

Y sigue: “Las obligaciones del Estado Nacional para con los derechos humanos entrañan una faz negativa, que implica un respeto por parte del Estado, sin afectar el ejercicio de estos derechos; y una faz positiva, que implica el deber de implementar medidas activas para prevenir posibles afectaciones a los mismos. La libertad de pensamiento representa un factor esencial en nuestra sociedad y debe ser respetada en todos los ámbitos y por todas las personas. Dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento”.

Y después agrega que “a los fines de proteger adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resulta necesario modificar la Reglamentación de la Ley N° 26.061, incorporando de forma expresa al adoctrinamiento político como hecho que transgrede sus derechos”.