Daniel Roldán

Innumerables estudios sobre el vínculo entre política exterior y democracia tratan el caso de América Latina y el tránsito de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. El retorno a la democracia y su consolidación mostró la recuperación de ciertas tradiciones valiosas en materia internacional y, en particular, el inicio de nuevos posicionamientos mundiales ligados a la defensa y preservación de la democracia.

La protección de la democracia hacia adentro y la promoción de la democracia hacia afuera resultaban un reaseguro ante las tentaciones de interrumpir por la fuerza la primavera democrática.

Con la transición en varios países durante la década de los ‘80 y con el fin de la Guerra Fría en el mundo a partir de la de los ‘90, fueron evidentes las coincidencias básicas en política exterior entre los principales actores partidistas; lo que contó con un definido apoyo social. Sintéticamente, la política exterior fue uno de los pilares fundamentales de las nuevas democracias.

Esta tendencia regional, de la cual la Argentina fue pionera, resultó fecunda. En materia de paz, por ejemplo, en 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile; se integró al Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora en aras de la pacificación en Centroamérica; se acordó el desmantelamiento de la hipótesis de conflicto entre la Argentina y Brasil; se participó activamente en varias misiones de paz en el marco de la ONU; y se avanzó en la construcción de la llamada “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, que nuclea a países ribereños de Sudamérica y África, entre otros.

Como complemento, la Argentina se constituyó en uno de los principales países de la región y del mundo en comprometerse con la no proliferación nuclear, sin abandonar por ello sus proyectos de desarrollo nuclear con fines pacíficos y productivos. No al azar un argentino, Rafael Grossi, fue jefe de Gabinete del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entre 2002-07, director general Adjunto de la OIEA entre 2010-13 y director general del organismo desde 2019.

A su vez, desde 1983, los sucesivos gobiernos se comprometieron con un alto perfil en la agenda de derechos humanos, con el fomento del derecho internacional humanitario y con el desarrollo de instrumentos e instituciones en favor de la protección de los derechos fundamentales. Lo interno y lo externo siempre estuvieron entrelazados en la Argentina democrática: acá se llevó a cabo, en un hecho sin precedentes en el mundo, el juicio a las juntas militares.

El primer fiscal de la Corte Penal Internacional fue un argentino, Luis Moreno Ocampo; los tratados internacionales en materia de derechos humanos adquirieron estatus constitucional en virtud del Artículo 75, inciso 22 de la Constitución de 1994; la Argentina impulsó en 2006 la Convención contra las Desapariciones Forzadas; una argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, fue jueza de la Corte Internacional de Justicia y presidenta de la CIJ entre 2010-18; un argentino, Federico Villegas, presidió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

Esto por mencionar solo algunos hechos. Todo esto fue complementado con leyes, acciones y posicionamientos en favor de la igualdad de género, de la protección del medio ambiente, del control de armas ligeras, del desarrollo sustentable, de la seguridad alimentaria, de la gobernanza sanitaria, de la migración, etc.

En muchos temas complejos la Argentina tuvo una habitual y equilibrada posición, tal es el caso del estatus de Jerusalén y el establecimiento de dos Estados en condiciones de seguridad; Israel y Palestina. En otros frentes, los acuerdos cimentados por lustros aportaron al avance de la asociatividad: Mercosur, Unasur, Celac, entre varios, así lo demuestran. El acento en el regionalismo y la cooperación Sur-Sur fue parte de las posturas de gobiernos de diferente signo político.

De hecho, en las distintas administraciones en el período 1983-2023 se evidenció una doble condición de la Argentina que la emparenta con toda Latinoamérica: la adscripción cultural a Occidente y la pertenencia política al Sur Global. Con mayor o menor proximidad a Estados Unidos, los gobiernos de la democracia procuraron ampliar el horizonte de vinculaciones diplomáticas y económicas con la vecindad (en particular, con Brasil), en Asia (con China en un inicio y más recientemente con India) y con naciones no occidentales (a raíz de oportunidades comerciales, por un lado, y para asegurar el apoyo en el tema Malvinas, por el otro). Todos los gobiernos tuvieron sus preferencias, énfasis y matices, pero en esencia, la doble identidad de ser parte meridional de Occidente y del Sur Global se desplegó sin costos.

El gobierno de La Libertad Avanza intenta un replanteamiento integral de la política exterior como espejo de su empeño por reordenar completamente la economía, la política y la sociedad. En la inmensa mayoría de las votaciones trascendentales, en la postura frente a la agenda global, en el vínculo con Latinoamérica, en la relación con naciones claves, en cuestiones ligadas a la seguridad internacional, en asuntos vitales como Malvinas, Javier Milei ha buscado restructurar la inserción internacional del país.

Ante este intento cabe hacernos una pregunta. Detrás de esta intención, ¿busca el mandatario aumentar su visibilidad mundial o acá se esconde también su voluntad de alterar la democracia argentina?