Para: Presidencia de la Nación.

Att: Paro 20N.

Problema: Cómo manejar las relaciones con el sindicalismo.

Diagnóstico: El paro fue un éxito político del sindicalismo opositor. Aun cuando el acatamiento efectivo haya sido dispar en el interior y comparativamente menor al de otros paros generales, Moyano y Micheli lograron paralizar las principales ciudades y generar adhesión entre dirigentes y trabajadores de gremios alineados con la CGT Caló.

Ello pone en cuestión la capacidad de esta CGT para controlar a sus bases y converger a una pauta salarial moderada en 2013 como la anunciada por usted.

Para responder a estos hechos se sugiere tener en cuenta la historia de las relaciones entre gobiernos y sindicatos y las demandas planteadas en el paro. El sindicalismo peronista ha jugado con todos los gobiernos el mismo juego: dividirse en una facción negociadora y otra intransigente, golpear con la intransigente y obtener ventajas con la negociadora. La clave del éxito de este juego ha sido el peso relativo de los sindicatos alineados en cada facción: lo suficientemente relevante tanto para justificar acuerdos con la facción negociadora como para temer la acción directa de la facción intransigente. Así ocurrió con la división entre el ubaldinismo y los 15 durante el gobierno de Alfonsín, que permitió a los sindicatos obtener la ley de asociaciones profesionales y la homologación de convenios superiores a la pauta inflacionaria. Y con la escisión entre la CGT y el MTA durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde, que le permitió a los sindicatos preservar las obras sociales, a los de la CGT hacer negocios en las privatizaciones, y a los del MTA crecer en ramas de actividad potenciadas por el régimen de convertibilidad, como Camioneros.

Todas las ofensivas gubernamentales contra las bases del poder sindical fracasaron en destruirlas: la democratización de la competencia interna (ley Mucci) y el Seguro Nacional de Salud de Alfonsín; las reformas de las obras sociales de Menem y de la Rúa. De estos fracasos cabe extraer dos lecciones. Una: esas ofensivas generaron unidad de acción en el sindicalismo, incrementaron la conflictividad social y colocaron al gobierno a la defensiva. La otra: fracasaron en parte porque se desplegaron en momentos de crisis económica –alta inflación con Alfonsín, alto desempleo con Menem y de la Rúa–. Ello sugiere que, con la economía en estanflación y el desempleo en aumento, responder al paro del 20N avanzando sobre las bases del poder sindical podría resultar contraproducente para el Gobierno.

Las demandas planteadas en el paro pueden interpretarse de al menos dos maneras. Si se enfoca la posición política de los organizadores, puede considerárselas como más políticas que económicas, y argumentar que apuntan a desestabilizar la política económica y al propio Gobierno. Si se atiende al hecho de que las demandas son compartidas por los dirigentes y las bases de los gremios alineados con la CGT Caló, puede considerárselas fundamentadas en problemas económicos, y cabe pensar que satisfacerlas en alguna medida puede contribuir a desactivar la conflictividad social y a facilitar la convergencia salarial en 2013.

Tres demandas aparecen como centrales: aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; universalización de las asignaciones familiares; pago de las deudas con las obras sociales. Satisfacerlas todas mejoraría directamente la situación de los trabajadores y las finanzas sindicales y minaría el apoyo a futuras protestas, pero implicaría costos fiscales y fortalecería el margen de maniobra de la dirigencia sindical.

Alternativas: Para manejar las relaciones con el sindicalismo habría al menos cuatro alternativas. 1) No conceder ninguna demanda y atacar las bases del poder sindical. 2) No conceder ninguna demanda y mantener el status quo. 3) Pagar las deudas con las obras sociales. 4) Pagar esas deudas y aumentar el mínimo no imponible o las asignaciones familiares.

Costos y beneficios: La alternativa 1 tendría como beneficios antagonizar a dirigentes con alta imagen negativa en la opinión pública y obtener rédito por reformas preferidas por la clase media –mayor control sobre las obras sociales y purga de la vieja dirigencia sindical–; tendría como costos la unificación del sindicalismo contra el Gobierno, el lanzamiento de reformas complejas cuya implementación y resultados exigen tiempo, y el riesgo de que la presión del sindicalismo unificado, sumada al descontento de los trabajadores, vuelva oneroso sostener las eventuales reformas. La alternativa 2 permitiría mantener la actual posición política y apostar a que la reactivación económica en 2013 mejore la situación de los trabajadores y debilite la conflictividad, pero si esa reactivación no llega en el primer trimestre el descontento trabajador y la presión de los dirigentes podrían impedir la convergencia con la pauta salarial y resultar en un incremento del nivel de precios mayor al deseado. La alternativa 3 sería financieramente menos onerosa y reduciría los incentivos de los dirigentes para activar y movilizar a las bases, pero no disminuiría el descontento trabajador y permitiría a opositores y medios acusar al Gobierno de pactar con dirigentes desprestigiados a costa del pueblo. La alternativa 4 neutralizaría tanto el descontento trabajador como el malestar dirigencial, pero exigiría reemplazar la recaudación perdida en Ganancias con nuevos impuestos genuinos (cuya aprobación por el Congreso podría ser política y fiscalmente costosa) o nuevas estatizaciones (del juego –que no afectaría en la opinión pública pero malquistaría a empresarios amigos– o de depósitos bancarios, que afectaría a un sector adversario pero podría generar corridas en los mercados financieros). En todo caso se sugiere no recurrir a mayor emisión monetaria, para evitar agregar presiones inflacionarias.

Recomendación: Se sugiere adoptar una versión gradual de la alternativa 4. Ella consistiría en anunciar a fin de año un cronograma para satisfacer todas las demandas. Con pagos sustantivos en enero a las obras sociales y algún aumento en asignaciones familiares o mínimo no imponible, un segundo tramo en abril cuando ingresen divisas por exportaciones y haya algo de reactivación, un tercer tramo en agosto antes de las PASO y con la reactivación a pleno, y el último a fines de octubre en vísperas de la elección, usted desactivaría el malestar y la protesta minimizando el riesgo fiscal y maximizando el impacto electoral.