¿Qué ha dicho la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela y qué ha respondido el Gobierno?

Desde hace varios años, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, lleva adelante una investigación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras los fiscales y otros organismos continúan reuniendo pruebas sobre la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro, quien hasta el momento no ha sido acusado por el tribunal.

La CPI, que se rige bajo el Estatuto de Roma (al que Venezuela se adhirió en el 2000) y está habilitada a juzgar a acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, se pronunció este lunes sobre el conflicto poselectoral en el país sudamericano y dijo que monitorea “activamente” la situación, tras las denuncias de detenciones arbitrarias y fallecidos en las protestas ocurridas tras el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El tribunal ya está evaluando las denuncias de violaciones a derechos humanos desde 2018, en el caso llamado “Venezuela I”. Para ese entonces, ya había recibido al menos cuatro denuncias contra el gobierno chavista por la represión desplegada. La fiscalía de la Corte anunció la apertura del examen preliminar después de que el 27 de septiembre de ese año seis países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- enviaron una solicitud conjunta para que esa instancia iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde el 12 de febrero de 2014.

Ese día, una protesta convocada por el movimiento La Salida -que encabezaban los dirigentes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma- en el marco del Día de la Juventud terminó con tres muertos, 66 heridos y 69 detenidos, según cifras oficiales. Ese ciclo de protestas se extendió por todo el país -con especial virulencia en San Cristóbal, la capital del fronterizo estado Táchira- hasta junio de 2014 y dejó como saldo 43 muertes y centenares de heridos.

La organización Human Rights Watch (HRW) dijo en mayo de 2014 que tras una investigación in situ había encontrado “patrones de serios abusos” de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, entre ellos torturas, tratos crueles y denigrantes.

Poco después, la entonces fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, descalificó el contenido del estudio de HRW asegurando que contenía denuncias sin pruebas. Tres años después, cuando Ortega Díaz, rompió con el gobierno chavista, acudió a La Haya a denunciar a Maduro y a otros altos funcionarios por delitos de lesa humanidad.

“Fundamentos razonables”

A fines de 2020, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que existían “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad “desde al menos abril de 2017”.

En ese mes estalló el segundo ciclo de protestas contra el régimen de Maduro, esta vez en rechazo a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, con el argumento de que el Parlamento había desacatado sentencias anteriores de esa instancia. Las manifestaciones se extendieron por cuatro meses, tiempo en el cual hubo, según cifras oficiales, 127 muertos y centenares de heridos.

Según concluyó Bensouda, “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.

En noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la conclusión del examen preliminar y la decisión de continuar con las investigaciones. El nuevo fiscal de la CPI, Karim Kahn, también informó que el gobierno de Venezuela y la Corte suscribieron un memorando de entendimiento por el cual el país sudamericano se compromete a cooperar con la pesquisa. Meses después, en abril de 2022, Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones a favor de las acciones realizadas por las autoridades locales, partiendo del hecho, argumentaban, de que parte de la actividad de la CPI es alentar a que los tribunales locales investiguen las denuncias.

Sin embargo, en noviembre de ese año, Khan pidió a la Sala que reanudara la investigación porque consideraba que los esfuerzos de las autoridades eran “insuficientes en su alcance”.

En ese sentido, la Sala dijo a fines de 2023 que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

En marzo, la Sala de Apelaciones anunció la desestimación de los seis argumentos planteados por el Gobierno de Maduro, con lo que autorizó a la Fiscalía a continuar la pesquisa.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó el fallo en su cuenta de X, al decir que "responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido".

Advertencia con fines disuasorios

En el comunicado del lunes, el fiscal Khan dijo que ha recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.

Alejandro Chehtman, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), explicó a CNN que el fiscal “le marca al gobierno (de Maduro) que están controlando la posibilidad de que se puedan estar cometiendo nuevos crímenes que son de competencia de la Corte”.

Según ahondó, el tribunal ha tenido dificultades en sus casos para hacer cumplir sus órdenes y su jurisdicción, por lo que una de sus tareas es la de desalentar posibles violaciones a derechos humanos. “Hay investigaciones empíricas que muestran que hay una disuasión cuando se abre una investigación o se realiza este tipo de procedimientos”, dijo.

En cuanto a posibles plazos para nuevas acciones, Chehtman señaló que no está definido, ya que depende de varios factores. “La fiscalía puede usar la apertura de una investigación como una forma de presión”, y nunca llegar a formular cargos, agregó, por lo que no se puede afirmar que se vaya a presentar cargos en el corto plazo o que nunca lleguen a formularse. 

El trabajo de la ONU

Para la investigación, la Corte toma en consideración diversas fuentes que considere valiosas, y dentro de ellas está la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Sin duda es confiable y relevante”, destacó Chehtman.

En su primer informe, presentado en 2020, la Misión denunció crímenes de lesa humanidad, que incluyen supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, ente otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el país desde 2014”.

La jefa de la misión, Marta Valiñas, manifestó que las graves violaciones habrían sido perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares.

En marzo de 2021, la Misión dijo que identificó en el primer trimestre más de 200 asesinatos cometidos supuestamente por las fuerzas policiales. En el informe publicado seis meses después, el equipo de la ONU indicó que el sistema de justicia de Venezuela “facilita la persecución y tortura de opositores”. Además, señaló que el gobierno “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.

En el tercer informe, presentado en 2022, la Misión dijo que las agencias de inteligencia “formaron parte de un plan del Gobierno venezolano para reprimir a la disidencia”, y que muchos de los funcionarios “posiblemente responsables de delitos en la última década permanecen en sus cargos, e incluso algunos fueron ascendidos”.

Además, indicaron que se trata de un plan sistemático, “orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras autoridades”, siendo un “plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.

En 2023, la Misión dijo que las violaciones a derechos humanos se habían reducido, pero eran más selectivas e intensas. Entre enero y agosto de ese año registró al menos 58 detenciones arbitrarias y afirmó que había motivos razonables para creer que el Gobierno llevaba a cabo una “campaña para socavar la reputación” de opositores reales o percibidos por las autoridades como tales. También, identificó mayor frecuencia en la práctica de prohibir a dirigentes opositores postularse para cargos públicos.

“Falsas acusaciones”

El gobierno de Venezuela ha rechazado en varias oportunidades los reportes de la Misión de la ONU.

En 2021, la Cancillería dijo que son “falsas acusaciones” y que “se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país”.

En 2023, el canciller Gil dijo que se trata de un “informe panfletario” y que es parte de una supuesta estrategia para mancillar la imagen de Venezuela.

Y el pasado viernes, consultado por CNN durante una rueda de prensa en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro desestimó el trabajo de la ONU en Venezuela. “No conocen nuestro ordenamiento jurídico”, dijo. En septiembre de 2024 finalizará la Misión y se espera un nuevo informe.