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18/03/17

Unidad de ética y transparencia en el Poder Judicial

Por Mariano Borinsky y Vanesa Del Boca

En esta nota, el profesor de Derecho propone la creación de la Unidad de Ética y Transparencia para asegurar la transparencia de la gestión y "contar con mecanismos idóneos que permitan identificar preventivamente los riesgos y desvíos o detectar luego las irregularidades"

Para asegurar la transparencia de la gestión es indispensable contar con mecanismos idóneos que permitan identificar preventivamente los riesgos y desvíos o detectar luego las irregularidades, y reaccionar de manera efectiva frente a estas situaciones.

La Unidad de Ética y Transparencia cuya creación proponemos efectuaría una evaluación constante de tales riesgos siguiendo lineamientos de conformidad con los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública y transparencia en procedimientos de compras y contrataciones, mediante el monitoreo proactivo de procesos críticos y seguimiento focalizado de trámites sensibles en el Poder Judicial y en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los aspectos más críticos no sólo se determinan en función de la magnitud de los montos que involucran los procedimientos, sino también por el impacto técnico que puedan tener sobre la gestión o la transcendencia institucional que representan para la jurisdicción.

El tipo de control que ejercería la Unidad de Ética y Transparencia sobre los procedimientos es diferente al que realizan otras áreas, como la auditoría interna, que revisa en forma de muestra los procedimientos contractuales en una instancia posterior a su realización, arrojando observaciones y presunciones sobre los desvíos producidos, señalando la posible comisión de delitos ante hechos consumados y, en el mejor de los casos, sugiriendo cursos de acción futuros para corregir yerros procedimentales.

La Unidad de Ética y Transparencia podría analizar los casos más críticos y relevantes de forma concomitante a su tramitación, permitiendo la realización de diagnósticos, y la formulación de sugerencias de mejora, que son implementadas en forma coordinada con el área responsable, durante el trámite del procedimiento, a la vez que produciría iniciativas para la mejora sistémica de los procesos de contratación desde el diseño de los pliegos, gestión de posibles conflictos de intereses, manejo de la información sensible y disponibilidad y acceso público de todos estos aspectos.

Las acciones concretas a implementar serían:

• Transparencia en la gestión de recursos públicos que administra el Poder Judicial: implementación de mecanismos de transparencia en contrataciones públicas; modernización del Régimen de Contrataciones Públicas del Poder Judicial y del sistema de gestión de los procedimientos de contratación; implementación de una política de Datos Abiertos y de Contrataciones Electrónicas.

• Recepción, tratamiento y respuesta de las solicitudes de acceso a la información.

• Asistencia técnica en la confección de las declaraciones juradas patrimoniales, recepción y sistematización de su base de datos (Ley 25.188): 1. Permite detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios y 2. Alerta y detecta posibles casos de enriquecimiento ilícito.

• Diseño de un Programa de Integridad y un Código de Ética para introducir una cultura de ética y transparencia organizacional a partir de la cooperación que incluya canales para incentivar los reportes internos de eventuales irregularidades por parte de integrantes de la organización (empleados, funcionarios y terceros), conductas irregulares, régimen de regalos y dádivas, etc.

• Capacitación integral en temas de transparencia y ética pública.

• Programa de Desarrollo de Proveedores a partir de pactos de integridad, entre otros.

Lo expuesto responde a un principio fundacional de la República: la cultura es la forma en que una persona se comporta cuando nadie la vigila.

Mariano Borinsky es juez federal de la Cámara de Casación Penal, doctor en Derecho y profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella, y director de la obra "Gestión Judicial Pública". Vanesa Del Boca es magister en Servicios Públicos y Compliance Officer