Di Tella en los medios
La Nación
15/02/17

El nuevo Código Penal, o un contrato social moderno con delitos y penas coherentes

Por Mariano Borinsky

Según el profesor de la Escuela de Derecho de la UTDT, "no se puede avalar con seriedad que el "derecho penal vigente" sea aquello que se estableció en un Código que tiene casi 100 años"

No se puede avalar con seriedad que el "derecho penal vigente" sea aquello que se estableció en un Código que tiene casi 100 años, y que ha tenido tantas reformas (900) y leyes complementarias que difícilmente se sepa qué es todo lo que está prohibido y cuál es la pena.

Esta percepción no es nueva; por ello, en los últimos diez años, se presentaron tres proyectos que no fueron aprobados, por temas controvertidos tales como: aborto, reincidencia, limitación temporal de las penas.

Todos los proyectos deben ser tenidos en cuenta para una reforma integral con una amplia discusión a nivel nacional. Es un desafío enorme darle a la sociedad un contrato social moderno que fije los delitos y las penas en forma coherente. Que tipifique las nuevas modalidades delictivas. Un Código Penal que permita impartir justicia y una aplicación efectiva de la ley penal, en tiempo oportuno, dando protección a la víctima y seguridad jurídica a la sociedad .

Habría que unificar en un solo cuerpo normativo la totalidad de los delitos (lesa humanidad, homicidio, violencia de género, trata de personas, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, etc.). Para ello, y en el marco de la discusión nacional que se propone, se debe dar un debate en torno a qué debe ser considerado delito y qué pena debe corresponder, y discutir sobre la problemática en torno a la reincidencia, la necesidad de establecer la responsabilidad penal de la empresa y organizaciones criminales, y de recuperar para el estado con fines sociales, el dinero y bienes provenientes del delito, entre tantos otros temas.

Estos y otros ajustes normativos, deben ser el producto del debate de los órganos del Estados, Congreso Nacional, los sectores académicos, las asociaciones civiles vinculadas el tema y los ciudadanos que exigen estar informados, comunicados y ser escuchados en los grandes debates nacionales.

Por Mariano Borinsky, juez Federal de Casación Penal, Doctor en Derecho, Profesor UBA y UTDT