Di Tella en los medios
Clarín
7/01/17

Nadie escucha a las víctimas de Milagro Sala

Por Ezequiel Spector

El Director de la carrera de Abogacía de la UTDT afirma que "los derechos humanos de todos valen lo mismo. Aunque las víctimas de Milagro no sean celebrities mediáticas, necesitan remedio y protección".

Hace menos de un mes, la Oficina Anticorrupción de Jujuy lanzó el Consejo para la Consolidación del Estado de Derecho. Se trata de un grupo multidisciplinario que estará compuesto por académicos de diferentes universidades argentinas. Su objetivo será evaluar la calidad de las instituciones democráticas en Jujuy y proponer reformas que afiancen el Estado de Derecho, volviéndolo menos vulnerable a prácticas de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Es imposible abordar estos temas sin mencionar el caso Milagro Sala. Como se sabe, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sugiere que, aún cuando sea culpable de los crímenes que se le imputan, no hay razones para su prisión preventiva. Por su parte, los Tribunales jujeños consideran que una persona que ya amenazó a varios testigos puede obstruir el normal desarrollo de la causa penal. 

Es claro que una democracia no admite presos políticos y que todo gobierno debe tomar seriamente las recomendaciones de los organismos internacionales. Actualmente, esto parece claro hasta para aquellos que miraban con indiferencia la detención de Leopoldo López, en Venezuela, y que no hicieron gran cosa por exigir justicia ante la desaparición de Luciano Arruga, en la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que nadie ha escuchado a las víctimas de Milagro Sala, mucho menos las personalidades que peregrinan para visitarla. Si se entrevistaran con ellas, se encontrarían con testimonios desgarradores: gente que llora a familiares muertos; familias desplazadas de sus hogares luego de sufrir amenazas a punta de pistola; dirigentes sociales molidos a golpes por patotas. Todos viven con miedo por las amenazas que recibieron. Su destino parece no importarle a nadie.

La evidencia indica que la Túpac Amaru instauró un sistema de vasallaje feudal en pleno siglo XXI: tenía sus fuerzas de seguridad, sus criterios para el reparto de beneficios y un sistema de "justicia popular", que claramente no cumplía con los estándares de los organismos internacionales. La gran mayoría de las instituciones estaba capturada por esta red.

Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del Estado. La policía no reaccionaba a las denuncias; los fiscales no investigaban; el gobernador permitía el florecimiento de un Estado paralelo; y el Estado Nacional giraba cheques para mantener en funcionamiento un régimen de terror. Todas estas fueron violaciones de derechos humanos porque, lejos de combatirlas, el Estado las consintió, a veces incluso en nombre de las propias víctimas.

Una valiosa lección que debemos aprender es que los derechos humanos de todos valen lo mismo. Aunque las víctimas de Milagro no sean celebrities mediáticas, necesitan remedio y protección. Su calvario fue posible por el abandono del Estado. Si el Estado no las protege ahora, las habrá abandonado de nuevo. 

* Director de la carrera de Abogacía de la Universidad Torcuato Di Tella.