El retorno del gigante

Como resultado del crecimiento económico y de la alianza con el gobierno kirchnerista, el sindicalismo peronista, al que muchos daban por muerto, resurgió.
Y, al hacerlo, agitó un sentido común que, incluso desde el progresismo, tiende
a caracterizarlo como unánimemente autoritario, poco representativo y patotero. Una mirada más atenta, sin embargo, permite distinguir las contradicciones de un modelo complejo, que garantiza a los trabajadores importantes beneficios, pero que al mismo tiempo se muestra renuente a la renovación y la democracia interna y es capaz de protagonizar episodios de corrupción y violencia.

Allá por 2002, tanto desde sectores de la opinión pública como desde buena parte de las ciencias sociales, el diagnóstico era claro: la política de las clases populares en el presente y hacia el futuro ya no pasaba por el sindicalismo peronista tradicional, sino por los movimientos sociales, de desocupados y por la miríada de grupos más o menos organizados que salieron a la calle en el ocaso del neoliberalismo. La fragmentación de las clases trabajadoras como resultado del desempleo y los contratos precarios de los años 90, la subordinación del sindicalismo hegemónico durante el gobierno de Carlos Menem y la creciente conflictividad social encarnada por el movimiento piquetero parecían abonar la tesis de la desaparición del sindicalismo como factor de poder popular. Fascinados por la repentina irrupción de actores territoriales nuevos, muchos de los cuales eran movilizados por la izquierda no peronista y hablaban su mismo lenguaje –aquel que teorizaba sobre el nuevo rol de las “multitudes”, el “contrapoder” y la “autonomía” y relegaba la lucha
y las alianzas por el control del gobierno–, muchos intelectuales confinaron al movimiento sindical a los arcones de la historia.

Los conceptos de moda eran las nuevas “politicidades” de raíz local, las “identidades sociales fragmentadas” y el “clientelismo”.

La política estaba en el territorio.
Ocho años más tarde, el paisaje del mundo del trabajo no puede ser más diferente.
Si bien los movimientos territoriales piqueteros –tributarios de una sociedad que el neoliberalismo cambió para siempre–llegaron para quedarse, desde hace varios años el conflicto sindical ha reemplazado al conflicto social como expresión clave de las clases trabajadoras. Opositores y kirchneristas coinciden en que la alianza entre el gobierno y el liderazgo de la CGT es el principal ordenador de la coalición inaugurada en 2003. En un hecho impensable hace una década, el 15 de octubre pasado una movilización sindical colmó el estadio de River con 70.000 asistentes: el secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
mantuvo una suerte de cabildo abierto con la Presidenta. La CTA, la organización sindical de nuevo cuño ligada a los movimientos sociales que para muchos estaba llamada a encarnar la nueva época, está encrisis y enfrenta problemas enormes, tanto para contener a los movimientos territoriales como para penetrar el sector privado.

Los medios hegemónicos, aquellos que consumen principalmente las clases medias y altas, no se cansan de hablar de la “amenaza” del poder sindical.

Causas judiciales
–supuestas o reales– contra sindicalistas originan amenazas de movilización y
paros que ponen en vilo al país. Y más aun: entre los gobiernos que encarnan el giro a la izquierda en América Latina, sólo en el kirchnerista el actor sindical ocupa un lugar tan central. En Brasil y Uruguay el sindicalismo es parte relevante del gobierno, pero su protagonismo empalidece cuando se lo compara con su rol en Argentina.
El sindicalismo peronista, ese viejo gigante de posguerra, está de vuelta.

De pie
Cabe preguntarse qué factores llevaron a intelectuales y analistas a decretar prematuramente la muerte del sindicalismo tradicional. Está claro que dos de los elementos clave que contribuyeron a generar el movimiento sindical más fuerte de posguerra en América Latina –un mercado de trabajo cercano al pleno empleo y el rol del sindicalismo como interlocutor político ante la proscripción del partido peronista– fueron socavados por la democratización
y la liberalización económica (1). La apertura, la desindustrialización y las privatizaciones diezmaron sectores que habían sido bastiones del poder sindical. El sindicalismo tradicional perdió afiliados y recursos económicos. Por otro lado, la consolidación del juego democrático desde 1983 otorgó cada vez más poder a los intendentes y políticos territoriales peronistas (2).

Sin embargo, pocos observaron que, aun en la tormenta y de la mano de su rol subordinado pero tangible en la coalición menemista, el sindicalismo logró salvaguardar recursos institucionales que habían sido centrales para construir su poder en la posguerra: la negociación colectiva centralizada, la prohibición del sindicato de empresa, el control de las obras sociales y la renovación automática de viejos convenios colectivos pre reforma (que otorgaban a las organizaciones sindicales importantes ventajas). Estos institutos, una vez reactivado el mercado de trabajo, podrían ser utilizados para una nueva ofensiva.
Finalmente, muchos soslayaron aquello que demostró la socióloga Berverly Silver (3): desde la consolidación global del capitalismo a principios del siglo XX, la conflictividad sindical no ha ido de mayor a menor, como sugieren las tesis de la “aristocracia obrera” que explican la moderación de los sindicatos europeos. En realidad, el conflicto sindical se ha movido sectorial y geográficamente al compás de los períodos de acumulación y desarrollo capitalistas, tanto en los países centrales como en los de la periferia.
En otras palabras, el conflicto sindical muta y cambia de protagonistas en países y sectores, se institucionaliza más o menos según los casos, pero es inescindible de la tendencia irrefrenable a la mercantilización del trabajador, que está en la naturaleza misma de la sociedad capitalista.

El modelo
Así, en el marco de una fuerte alianza con el gobierno kirchnerista y bajo la vanguardia de nuevos sectores, el sindicalismo peronista recobró el protagonismo perdido. Un gobierno amigo respaldó vía decreto la reapertura de las negociaciones colectivas, toleró y avaló el conflicto laboral (especialmente hasta 2007) retaceando el uso de la conciliación obligatoria, impulsó un ley laboral que terminó con los contratos basura y priorizó la negociación sectorial
por rama, consolidó el control sindical de las obras sociales, y, más importante,
impulsó una política económica expansiva que promovió el empleo y la reindustrialización en determinados sectores.

La idea de que el modelo sindical argentino sólo privilegia a trabajadores formales de altos ingresos relativos es un mito de la derecha.

No obstante, como sugiere el argumento de Silver recién mencionado, los sectores de vanguardia han mutado y ya no son los mismos que bajo el modelo de industrialización semi-cerrado de posguerra. Si antes dominaba paradigmáticamente el sindicato metalúrgico (UOM) y los sindicatos de las grandes empresas del Estado, en la etapa posliberal otras son las organizaciones líderes: los sindicatos del transporte, especialmente los camioneros, beneficiados por el auge en el comercio de commodities; sectores de renovado protagonismo en una economía abierta, como alimentación, petroleros privados, automotrices y pesca; los grandes sindicatos de servicios, como comercio, y, finalmente, los estatales que lograron protegerse del ajuste de los 90, como UPCN y los docentes.
El nuevo auge sindical tuvo dos consecuencias tangibles: mejoras notorias en las condiciones laborales y sociales de amplios sectores de la población trabajadora, y el retorno de viejos vicios. En cuanto al primer punto, hay que señalar que el grado de desarrollo del sindicalismo argentino, así como los beneficios que garantiza a los trabajadores, tiene poca comparación en el resto de América Latina, y probablemente en el total de los países emergentes.

Los números son elocuentes.
En Argentina, según datos de 2009, la negociación colectiva cubre al 80% de los trabajadores registrados, algo así como el 50% de los asalariados. En México, el porcentaje entre los asalariados llega al 17% y en Chile a un magro 5,6%. Sólo Brasil registra un nivel de cobertura comparable de los acuerdos
colectivos. Con una salvedad: en Brasil, Chile y México, casi la totalidad de los trabajadores convencionados está bajo acuerdos de ámbito local, municipal o de empresa, mientras que en Argentina la gran mayoría está cubierta por convenios de actividad, que tienden a atenuar la dispersión salarial y a incrementar los básicos generales, es decir, los ingresos de los trabajadores
menos pudientes. Desde 2003 hasta hoy, los convenios firmados en Argentina, en los que los sindicatos casi siempre negociaron mejoras en salarios y condiciones de trabajo, se incrementaron alrededor de 450%. En el gobierno pro-sindical de Lula aumentaron 50%; en Chile la cantidad de convenios colectivos desde 2002 aumentó sólo 5%; en México disminuyó (4).
La negociación colectiva y el modelo sindical implican ventajas importantes para los trabajadores argentinos. Por ejemplo, los beneficios que otorga la obra social de los empleados de comercio (Osecac) a un trabajador que gana poco más de 500 dólares en un Wal-mart en Argentina serían difíciles de concebir en trabajadores con un salario similar en Chile, Brasil o México.
Por supuesto, la mayor parte de estos beneficios llegan sólo al sector formal de la economía. Pero no es un sector menor: la idea de que el modelo sindical argentino sólo privilegia a trabajadores formales de altos ingresos relativos es un mito de la derecha.
Si uno toma el llamado salario conformado de convenio (básico más pagos adicionales) (5), se incrementó un 700% entre 2003 y 2009 en el sector textil, un 387% en el sector docente, un 560% en el sector de la construcción y un 421% en el metalúrgico (6).
La inflación en el mismo período (medida desde 2007 por un promedio de los índices provinciales) creció un 200%. Es difícil pensar que trabajadores textiles, metalúrgicos, docentes y albañiles, quienes recuperaron claramente su poder adquisitivo, constituyan sectores de privilegio.

Viejos vicios
La otra cara de este fenomenal aumentode la cobertura y los beneficios ha sido la intensificación de viejas prácticas nocivas en algunos sindicatos: la malversación de fondos y las disputas violentas por el liderazgo interno y por el encuadramiento de los trabajadores. Es cierto que los medios hegemónicos tienden a resaltar estos rasgos y a ignorar los logros del modelo en cuanto a
beneficios sociales, y también es verdad que sectores del establishment que cuestionan el modelo sindical en realidad no quieren ningún sindicalismo, o ni siquiera aceptan delegados sindicales en sus empresas. Pero no es menos cierto que en los últimos años han salido a la luz modos poco claros en el manejo de los recursos de las obras sociales y disputas violentas; incluso asesinatos, como el de Mariano Ferreyra, cometido por la patota de la Unión Ferroviaria.
Los problemas mencionados tienen una primera causa clara: el aumento en los
recursos que comenzaron a manejar los sindicatos desde 2003, gracias a las cuotas sindicales, los aportes “solidarios” en cada negociación colectiva y el incremento del empleo en blanco –y por consiguiente de las cargas sociales– que manejan los sindicalistas.
Este crecimiento ha hecho que el control de determinadas federaciones o seccionales y hasta sindicatos menores involucre un volumen de recursos antes impensados.
Así, el dominio del sindicato de ladrilleros, del personal de maestranza o el encuadramiento de unos cuantos trabajadores nuevos puede originar choques violentos. Por otra parte, hay que señalar que el auge de prácticas no democráticas en períodos de relativa bonanza no es patrimonio exclusivo de los sindicatos argentinos, sino una tendencia común a otros movimientos sindicales
de tradición verticalista, boss-oriented, como sucede en México o Estados Unidos.
En suma, los viejos vicios del sindicalismo argentino no son una novedad en la etapa inaugurada en 2003. Lo que sí es nuevo es que el modelo sindical vuelve a operar como un canal de inclusión y mejoras sociales por primera vez desde la recuperación democrática, en gran medida gracias al contexto económico más favorable y a la alianza que el sindicalismo dominante de la CGT y la CTERA selló con el gobierno.

Un actor complejo
El sindicalismo argentino es un actor complejo. Globalmente, garantiza a los trabajadores beneficios que están claramente por encima de la media de los países emergentes. Globalmente también, la democracia interna se practica poco y las listas opositoras suelen enfrentar enormes problemas para presentar una opción nacional, especialmente en las “uniones”, más centralizadas que las “federaciones”, formadas por sindicatos regionales.
Hay que desterrar, sin embargo, algunos equívocos instalados en cierto progresismo y en la izquierda sindical respecto del movimiento obrero. En primer lugar, no es cierto que en aquellos sindicatos en los cuales no prosperan las listas opositoras los dirigentes carezcan de legitimidad. Muchos liderazgos
sindicales verticalistas, hasta autoritarios según ciertas convenciones, cuentan
a la vez con un gran predicamento en las bases –he ahí la complejidad del actor–.
Más absurdo aún es afirmar que el sindicalismo peronista tradicional, incluso cuando maneja importantes recursos financieros, no enfrenta a los capitalistas. Existen sindicatos más o menos amarillos y sindicatos empresarios, pero la mayoría tiene que dar cuenta de al menos ciertos beneficios a sus bases. Es más: en el seno de un sindicato cuyo liderazgo tiende a ser pro-empresario –como Comercio, la Unión Ferroviaria o los trabajadores rurales de la UATRE– pueden existir seccionales más combativas, como el Sindicato de Comercio de Rosario, la Línea Sarmiento del ferrocarril o la seccional del Valle de Río Negro de la UATRE. El tercer equívoco en el que suele caer un sector del progresismo es que el pluralismo sindical a nivel de planta terminaría con todos los males. Chile es el caso más patente de cómo un pluralismo sindical excesivo atomiza a
los trabajadores y los debilita.
Entender que el sindicalismo argentino otorga a sus trabajadores más beneficios que en casi todos los países en desarrollo, que muchos líderes verticalistas son apreciados por sus bases porque enfrentan a los empresarios y consiguen satisfacer ciertas demandas, y que el pluralismo sindical sin límites no es la solución, constituye un primer paso para pensar las reformas que necesita el modelo sindical argentino de cara al siglo XXI: mejorar los niveles de democratización, reconocer a la CTA como asociación sindical de tercer grado y, sobre todo, incentivar a los sindicatos a tomar más firmemente en sus
manos las necesidades del sector informal y de los desocupados.