En la Ley Bases que fue aprobada hoy en la Cámara de Diputados no fue incorporado el paquete educativo, un tema que despertó críticas del sector. Su predecesora –que fue debatida en febrero pasado, pero que sin alcanzar los votos volvió a comisión– incluía un capítulo vinculado a la educación entre sus más de 600 artículos. Por su parte, aquella idea inicial de declarar a la enseñanza como un servicio “esencial” y que quedó plasmada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), nunca entró en vigor luego de ser judicializado. Ante eso, no son pocos los especialistas que creen que la educación parece estar fuera de agenda del Gobierno.

“Claramente no es una prioridad para el gobierno nacional, ni para el Congreso, hacer reformas educativas en este momento”, dijo Claudia Romero, doctora en Educación y profesora e investigadora de la Universidad Di Tella. Tal como argumentó la experta, la educación en la Argentina requiere de cambios profundos y planes a largo plazo que hoy están ausentes. “Debemos tener presente que no es un mero servicio, sino más bien un derecho humano y un bien público”, indicó.

La desazón invadió a la asociación Padres Organizados, luego de advertir en los últimos días que el paquete educativo quedaba fuera del debate del Congreso. “Creemos que el gobierno nacional está asumiendo una postura prescindente. Al menos por ahora, parece estar evitando involucrarse en los problemas graves que afectan al sistema educativo y en la definición de políticas públicas”, indicó María José Navajas, vocera de la organización.

Con pesar, algunos especialistas, reparten culpas sobre todo el sistema de decisión, como es el caso de Guillermina Tiramonti, magíster en educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). “El Gobierno y, en general, los sectores políticos no creen que la educación es importante para la viabilización de un proyecto de país”, indicó.

El debate parlamentario previo determinó distintos cambios en el texto legislativo. Pasó de tener en diciembre 664 artículos a salir de comisiones la semana pasada con 232 puntos. Algunas de las modificaciones respecto de la versión original, tienen su fundamento en la falta de acuerdo, como es el caso de la eliminación del listado de empresas pasibles de ser privatizadas y diferentes puntos de la reforma laboral, entre otros. Aunque la eliminación del capítulo educativo proponía modificaciones del sistema podría tener como fundamento las divisiones, los especialistas se muestran escépticos. Tal es el caso de Gustavo Zorzoli, educador, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, presidente de la Fundación Educar en Ciencias, miembro de la Coalición por la Educación y referente de Argentinos por la Educación: “Creo que es más fácil conseguir consensos en el marco educativo que en otros aspectos como la reforma laboral o las cuestiones financieras. En este caso, me parece que no había una voluntad política de incorporar a la temática. Tampoco el tema de la educación está incluido en los 10 famosos puntos del Pacto de Mayo”, señaló.

Padres Organizados, por su parte, encuentra a la fortaleza y resistencia de los sindicatos, como la fuente que explica la exclusión del tema en la discusión del Congreso. “Cualquier cambio puede generar resistencias, pero es función del Gobierno gestionar los riesgos. Debemos construir los cambios que el sistema y los estudiantes necesitan. Hay un gran consenso acerca de la prolongada crisis: se refleja en la caída sostenida de los aprendizajes”.

“Que ninguna disposición de educación esté ni siquiera en forma indirecta tratada en esta Ley Bases es un símbolo que muestra que la educación no es ‘prioridad nacional’ como lo establece el artículo 3 de la actual ley de educación”, dijo Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050.

Para la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la exclusión tiene que ver con las licencias que, según ellos, el gobierno se ha apropiado. “No se incluyó en la Ley Bases, porque lo que tenían hacer lo hicieron sin necesitar ninguna ley: ya desfinanciaron nuestro sector”, dijo Sonia Alesso, secretaria general del gremio. Según manifiestó, al haber sacado el Gobierno el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador y la Ley de Financiamiento Educativo, los docentes están cobrando menos. “Lo que están votando hoy es un regreso a los ́90 y afectará mucho al pueblo argentino”.

LA NACIÓN se contactó con la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, para conocer la razón por la que ningún aspecto de la política educativa había entrado en el debate del Congreso. Según manifestaron desde el área, la respuesta a esa consulta solo podía responderla Presidencia. Al cierre de la edición, ningún funcionario del Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría, ni de la administración nacional ofreció una respuesta.

Pendientes

Para los distintos referentes del sector, la ley que hoy obtuvo la aprobación en diputados debió haber incluido distintos puntos.

“La Ley Bases debió incluir el funcionamiento del federalismo educativo, el financiamiento, la evaluación y la producción de datos que favorezcan la calidad de la enseñanza”, dijo Tiramonti. Para la especialista, el sistema educativo actual requiere de una revisión de las metodologías de enseñanza, de la formación y capacitación docente, la construcción de una carrera para los educadores y repensar la escuela media.

Según Padres Organizados la iniciativa debatida en el Congreso debió haber incluido un compromiso de los estados provinciales para la adopción de métodos de enseñanza avalados por la evidencia científica, para el monitoreo de los programas y para la mejora de las estadísticas educativas. De acuerdo a Navajas, para que los chicos aprendan más en las aulas “se requiere de un buen plan de alfabetización, basado en objetivos claros y con monitoreo desde primer grado. También establecer incentivos para garantizar el calendario escolar”.

Zorzoli coincidió en muchos de los puntos con los especialistas, pero también sumó la declaración de la educación como un servicio público esencial, y el diseño de un plan nacional de alfabetización con tiempos y metas preestablecidas y algo similar para matemáticas. “Un punto también fundamental debería haber sido la evaluación tanto de los estudiantes como de los docentes y de las instituciones. El planteo de una reforma estructural a los Estatutos del Docente debería haberse tenido en cuenta”, sostuvo.

Alvarez Trongé, por su parte, cree que fue un error no contar en esta instancia con aspectos educativos “El desarrollo de un país se hace con la enseñanza y aprendizaje de sus ciudadanos. Por eso, si se discute una ley económica de bases para la libertad, debería contener, como mínimo, alguna disposición que asegure el cumplimiento del presupuesto educativo necesario y el de Nacional”, explicó.