Esta historia tiene tres actos, una pregunta y un desenlace abierto. Primero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que había un “ambiente enrarecido” en Ecuador por las elecciones. Después, las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito. Por último, los ecuatorianos se llevaron al exvicepresidente Jorge Glas –quien estaba en calidad de refugiado– tomado de pies y brazos. Esta serie de tensiones entre mandatarios de la región impone el interrogante, ¿Latinoamérica tiene los mecanismos aceitados de prevención de conflictos para su rápida desactivación? Está por verse.

En el cruce entre México y Ecuador hubo una sucesión de hechos en la que las partes hicieron poco por desescalar. En ningún caso eso significa que tengan idénticas responsabilidades en esta crisis –y la condena a Ecuador debe ser clara–, pero deja en evidencia desde un enfoque más amplio que en la región sólo parece funcionar la botonera roja de emergencia una vez que ya ocurrieron. 

Ese episodio en la Embajada de México en Quito fue posterior a los tensos intercambios entre los presidentes de Argentina, Colombia y México; y antecedió a un nuevo cruce entre el mandatario chileno Gabriel Boric y las autoridades venezolanas sobre la existencia de la banda Tren de Aragua. Se suma a la pretensión de Venezuela de anexar dos tercios del territorio de Guyana, conocido como la región del Esequibo. 

Latinoamérica parece estar puesta a prueba para demostrar si es algo más que un mero territorio común o, como mencionan algunos especialistas, atraviesa un momento de “dilución del regionalismo”.

¿Qué dice el derecho internacional sobre las condiciones de la detención de Glas? ¿Qué tipo de sanciones son esperables en los tribunales internacionales? ¿Serán ejemplificadoras o habrá margen para la repetición? ¿Recibió México un apoyo político “cerrado” o hubo fisuras? ¿Es este un ejemplo más del “vaciamiento latinoamericano”? 

“Ambiente enrarecido” en Ecuador

El 3 de abril, AMLO dijo que en las recientes elecciones de Ecuador, el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio hizo que cayera la intención de voto de la hasta entonces favorita Luisa González –a quien el asesinado criticaba por ser parte del correísmo–. Además, el presidente mexicano señaló que eso había creado un «ambiente enrarecido de violencia» que provocó la caída de González en las encuestas y el repunte del ahora presidente Daniel Noboa. 

Desde ese momento, la suerte de Glas estaba echada y todo se precipitó. Al día siguiente, la Cancillería ecuatoriana decidió declarar ‘persona non grata’ a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke, y le pidió abandonar el país en 72 horas, aunque sin anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas. México dijo que no respondería en forma idéntica y ese fue el único intento de freno a lo que devino inevitable.  

Mientras los cruces se sucedían, Glas se encontraba en la Embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre, cuando había solicitado asilo. Sin embargo, esa condición aún no estaba resuelta. Horas más tarde, ya el 5 de abril, previendo el siguiente movimiento de Noboa, el Gobierno de México concedió «asilo político» a Glas.

En este punto, las partes comienzan a tensar en torno a Glas y citan la Convención de Asilo Diplomático de 1954, firmada en Caracas en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero México pone énfasis en el artículo 4 que dice que corresponde al Estado aislante calificar la condición de la persona solicitante, mientras que Ecuador enfatizaba en el 3, que señala que no se puede dar asilo político a un delincuente del fuero común condenado o en proceso de investigación como el que afrontaba Glas, quien está acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros después de un terremoto en 2016 cuando él era el vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017). 

En otro proceso de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht y en 2022 obtuvo su libertad condicional gracias a un habeas corpus.

Las diferentes interpretaciones en torno al asilo de Glas lo retenían sin poder viajar a México, ya que dependía de que Ecuador autorizara un salvoconducto, cosa que rechazaba.

La tensión escalaba y la Cancillería mexicana denunció que su Embajada en Quito sufría un «claro hostigamiento» por el despliegue de policías y militares en sus alrededores. «Así son los fachos», espetó López Obrador ya sin modulaciones.

Finalmente, la noche del viernes 5, cuando ya todos lo habían visto en sus pantallas, Ecuador informó de la detención de Glas, y AMLO ordenó la “ruptura de relaciones diplomáticas” con el país sudamericano.

Si Quito acusa a México de haber intervenido en sus «asuntos internos» al otorgar a Glas un asilo «ilícito», ¿tiene un punto para justificar su ingreso a la Embajada mexicana? El doctor en derecho Alejandro Chehtman aseguró a Cenital que “es una cuestión completamente separada. Se puede discutir cuál era el estatus de Glas dentro de la Embajada mexicana, pero cualquiera haya sido, no autoriza, ni justifica, ni excusa la invasión”. Y frente a lo que puede considerarse un “otorgamiento ilegítimo de asilo”, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella comentó que “hay remedios que da el derecho internacional como por ejemplo no otorgar un salvoconducto, o autorizar a que Ecuador demande a México, pero de ninguna manera puede esgrimirse que Ecuador puede violar el derecho internacional como forma de reparar algo que unilateralmente considera que no está de acuerdo a derecho”.

México calificó el operativo como «brutal» y denunció «violencia física» contra el jefe de misión Roberto Canseco, quien fue sometido en el suelo por un uniformado. 

“El episodio desde el punto de vista del derecho internacional es clarísimo; Ecuador ingresó por la fuerza, incluso hubo maltrato evidente al jefe de la misión mexicana, y así se comete una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece que los locales de las embajadas son inviolables y tienen inmunidad y, por lo tanto, las fuerzas locales no pueden ingresar sin autorización del Estado extranjero”, comentó Chehtman sobre el artículo 22 de la convención. 

“La CIJ ya resolvió un caso parecido; fue el de la Embajada de los EE. UU. en Teherán. La CIJ le dio la razón a EE. UU.”, agregó en referencia al episodio que inspiró la película Argo. 

La instancia judicial: reglas “muy básicas” o “el mundo de los gorilas” 

Mientras Ecuador defendía su decisión, México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y le pidió a la ONU que suspenda a Ecuador hasta que emita una disculpa pública y le «garantice la reparación del daño moral infligido». Pero la suspensión de un país de Naciones Unidas, según Stéphane Dujarric, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, la “deben decidir los Estados miembros». 

Chehtman anticipó lo que se puede esperar del tribunal con sede en La Haya, pero aclaró que “no es esperable que la CIJ le pida al Ecuador que libere a Glas. Eso no va a ocurrir porque no es una violación en sí misma. La violación tiene que ver con el ingreso a la Embajada”.

“En el derecho internacional no hay sanciones penales para los Estados. Que un tribunal internacional establezca que existió una violación grave a una norma se llama satisfacción y eso contribuye a la reparación integral. En derecho internacional público eso es bastante en la medida en que debilita a las autoridades ecuatorianas en negociaciones internacionales, en su posicionamiento político para llevar adelante medidas en foros, puede generar expulsiones o suspensiones de algunos órganos, pero eso no es consecuencia directa de la constatación que haga la CIJ de una violación del derecho internacional”, explicó el investigador del CONICET. 

En cuanto al posible pedido de indemnizaciones como reparación adicional, valoró que “para estos casos no son especialmente valiosas” y que “se puede pedir garantías de no repetición”. 

Si bien México puede obtener una reparación meramente simbólica en la CIJ, Ecuador perdería parte de su capital político. “Todo eso lo que hace es debilitar política y jurídicamente al Ecuador en sus relaciones internacionales por no ser un socio confiable, porque es un país que no puede respetar reglas muy, muy, muy básicas y muy poco discutidas de derecho internacional”, dijo Chehtman.

AMLO pidió que la Justicia actúe en forma rápida. Y sentenció: “Si no se respeta el derecho internacional va a ser el mundo de los gorilas».

La instancia política: del “vaciamiento” a la “dilución” latinoamericana

La semana pasada la OEA salió en defensa de México al condenar enérgicamente la irrupción policial de Ecuador en su Embajada en Quito. Además, se sucedieron los llamados de mandatarios de solidaridad con el Gobierno de AMLO. Incluso la reacción en México fue unánime y los candidatos a las presidenciales del 2 de junio –la oficialista Claudia Sheinbaum y los dos principales opositores, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez– hablaron de la inviolabilidad de la sede diplomática. Sin embargo, el martes, cuando debía llegar la instancia de condena en la CELAC, si bien hubo un apoyo a México, distintos países como el caso de Argentina, pusieron peros para la celebración de la reunión por cuestiones procedimentales, en línea con la postura ecuatoriana.

A primera vista se podría pensar que el sistema interamericano reaccionó con cierta rapidez y sin demasiadas fugas, pero se trató de una reacción a una situación límite.

El internacionalista Esteban Actis recordó en redes el texto de Mónica Hirst, Juan Gabriel Tokatlian y otros investigadores, publicado en enero de 2021 en la revista Nueva Sociedad, en él describen el momento como de un “vaciamiento latinoamericano” en el que veían una “ausencia deliberada de acción colectiva de la región”. 

Al preguntarle a la doctora en Estudios Estratégicos Mónica Hirst si el episodio de la Embajada mexicana en Quito se podría encuadrar en esa idea, dijo a Cenital que “están saltando casos así por todos lados”, como la reciente tensión entre Chile y Venezuela, que evidencia “un nivel de fragmentación y de profundización que da cuenta de un quiebre del regionalismo”. 

La especialista adelantó que con el mismo grupo están trabajando en un texto que sería sobre el “post vaciamiento”. Para este momento utilizan ahora un concepto que adelantó a Cenital, y es el de “dilución del regionalismo” al que caracterizan como “un proceso anárquico”, en el que la región tiene “una vulnerabilidad, una mala y muy precaria preparación, además de que su poder de agencia es bajísimo, casi inexistente para lidiar con este nuevo escenario, que es uno muy cargado de tendencias securitizadas, militarizadas”. 

En ese contexto, la región “no se proyecta como un actor y tiene como el reflejo intrarregional de un conjunto de crisis o situaciones nacionales de mucha tensión y de baja articulación en el campo de las políticas exteriores”.

En el episodio de la Embajada en Quito faltaron canales más aceitados de diálogo entre mandatarios que están poco preocupados por tenerse en cuenta. Para Hirst, “no se miran a sí mismos porque es muy precario el diálogo inter pares. En el periodo anterior, el del vaciamiento, había una polarización donde había relaciones inter pares, por ejemplo en el Prosur, que era una articulación de la derecha que buscaban aislar a Venezuela y a construir una alternativa a las instituciones regionales del periodo previo, sus países tenían diálogo y parecían trabajar en una agenda de coordinación. Lo mismo ocurría con los sedimentos progresistas. Esto se fue en los dos lados, los progresismos se fragmentaron y la derecha también”.

Frente a esta dificultad para construir un diálogo regional y a esta fragmentación, Hirst ve “más dispersión” y por eso hablan de dilución del regionalismo. “En esta anarquía, la variable de ajuste es el derecho internacional, que era un consenso. ‘No nos entendemos política e ideológicamente, okey, pero somos una región respetuosa del derecho internacional, juridicista y con un conjunto de consensos y valores’. Todo eso está quebrándose. Cada noticia alimenta este diagnóstico”. 

Al ser consultada si las reacciones de la OEA y la CELAC daban cuenta de que al menos funcionaba la botonera de emergencia: “Solo funciona el rojo, para poner en evidencia el punto límite al que se llega. El botón verde está sin batería”, respondió.

El cálculo de Noboa

A juzgar por las consecuencias nada beneficiosas para Ecuador a nivel regional cabe la pregunta acerca de por qué Noboa avanzó con una decisión tan polémica, por qué eligió este momento para tomar una decisión que suscitó condenas de todo el tan peleado arco político latinoamericano. 

Para encontrar alguna respuesta hay que mirar la política doméstica. 

Noboa es un presidente de mandato trunco, ganó elecciones el año pasado que fueron convocadas tempranamente por el entonces presidente Guillermo Lasso, que quiso evitar un juicio político. Noboa, un empresario de 35 años que se convirtió en el mandatario más joven de Ecuador el año pasado, enfrenta elecciones presidenciales en febrero del año que viene. Está bajo una gran presión de mostrar resultados rápidos para renovar.

El país enfrenta una espectacular crisis de seguridad: ante una creciente ola de violencia llevada a cabo por organizaciones criminales –con un pico de ataques coordinados el 9 de enero– Noboa declaró un estado de excepción a comienzos de año, que se prolongó hace diez días. También declaró que el país se encuentra en “conflicto armado interno”. La jugada permite que las fuerzas armadas apuntalen a la policía en la seguridad interna. No hay datos oficiales, pero el diario El País informó en marzo que Ecuador pasó de 40 homicidios por día a 12: una reducción de más del 60%. Sin embargo, parecen haber incrementado de forma importante los secuestros y la extorsión, además de que en las últimas horas fue asesinado un alcalde del sur del país, siendo la segunda autoridad local que muere en circunstancias similares en un mes.

Si bien todavía no hay claridad acerca de la efectividad de las políticas de seguridad de Noboa, la apuesta, preocupante para los que señalan los impactos en derechos humanos de las políticas manoduristas en la región, resultó ser tremendamente popular ante una población impactada por episodios violentos como la toma de rehenes transmitida en vivo en un estudio de televisión de Guayaquil. Noboa goza de aprobación de casi el 70 por ciento del país, según una encuesta del 3 de abril, antes de la incursión en la embajada. Emula elementos del “Método Bukele”, como las imágenes de detenidos en cuero con las manos atadas por la espalda y las amenazas de construir penitenciarios de máxima seguridad.

El timing de la invasión de la embajada es particularmente relevante: ocurrió ante un incremento de homicidios en las Pascuas y semanas antes de un referéndum que ocurrirá este domingo. 

El 21 de abril, los ciudadanos ecuatoreanos deberán ratificar o rechazar varias reformas referidas a la seguridad, como que las Fuerzas Armadas continúen brindando apoyo a la Policía en la lucha contra el crimen organizado, endurecimiento de las penas para delitos que incluyen el terrorismo y narcotrafico, y expropiación exprés para bienes de orígen ilicito. Están en línea con las políticas que tienen apoyo general. Pero también hay otras temáticas más polémicas en el voto del domingo, referidas a lo económico, como el reconocimiento de los arbitrajes internacionales y la flexibilización del mercado laboral.

Los resultados serán clave para las aspiraciones electorales de Noboa. Es lógico que haga fuerte hincapié en materia seguridad: en los últimos días prometió que el referéndum será “el golpe más duro” a los “terroristas” y a los “políticos corruptos”. El apoyo popular al manodurismo ayuda explicar por qué Noboa apostó a la fuerza para detener a Glas. Se supone que el apoyo popular a un presidente dispuesto a tomar medidas decisivas contra el crimen y la corrupción es mayor a los hipotéticos costos diplomáticos –que por ahora se mantienen en un plano discursivo–.

Sin embargo, el ataque frontal contra Glas, referente del movimiento correísta puede ser peligroso para Noboa. Hasta ahora la oposición política había callado críticas económicas, y acompañó las políticas de seguridad. Pero la movida los podría provocar a oponer la agenda legislativa de Noboa, empujando el país hacia el estancamiento político que socavó el gobierno de Lasso.

Más allá de la región: transición de poder global

Si se amplía el plano de análisis más allá de la región, es posible ver que el mundo tal como se conocía está cambiando. Hay cierta idea común entre los internacionalistas sobre que este es un momento de transición de poder global. Y si bien no es posible saber cómo será el próximo (des)orden mundial en gestación, hay consensos que están cambiando de forma constatable; un día EE. UU. relativiza las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU diciendo que no son vinculantes; y poco después Ecuador, en un acto con escasos precedentes, invade la Embajada de México en Quito. Y, frente a la gravedad de este último hecho, tardó en llegar un pronunciamiento de alto nivel entre los socios norteamericanos de México. AMLO les reprochó a Joe Biden y Justin Trudeau por tener una postura inicial “tibia”, luego rectificada. En tanto, Noboa se mantuvo en su posición: «Respetamos todas las naciones (…) pero la prioridad es el pueblo ecuatoriano».

La necesidad de una condena ejemplificadora será un signo de si el consenso en torno a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en particular y a reglas básicas de convivencia en general siguen en pie.